Las valiosas aportaciones de los inmigrantes y de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son incuestionables.

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Vivimos tiempos inéditos. La pandemia del coronavirus o COVID-19 ha impuesto grandes retos, tanto a gobiernos como a la sociedad. Tales retos nos llevan a replantear ideas, ser creativos, responder rápidamente, e identificar actividades esenciales que, si bien es cierto, siempre lo habían sido, pero que por falta de atención o interés su relevancia no había sido resaltada. 

La declaración de emergencia emitida por el Gobierno Federal de Estados Unidos y las medidas adoptadas para hacer frente a la contingencia sanitaria han obligado a la misma administración federal, en conjunto con los gobiernos estatales y locales, a identificar las actividades indispensables para la subsistencia del país durante la presente crisis.

El pasado 28 de marzo, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos dio a conocer una lista de actividades esenciales, además de que el gobierno estadounidense hizo un llamado a los trabajadores que se desempeñan en dichas áreas a continuar laborando durante la pandemia. 

Conviene mucho destacar que dentro de la lista de actividades esenciales elaborada por el Departamento de Seguridad Interior se encuentra la producción agrícola, los servicios de salud, las actividades de limpieza, la distribución de alimentos, entre otras. Gran parte de esos trabajos son desempeñados por inmigrantes y, en especial y para mucho orgullo, por inmigrantes indocumentados de origen mexicano.

Por ejemplo, en el caso de los trabajadores agrícolas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que aproximadamente 50% son inmigrantes indocumentados. Las contribuciones de la comunidad migrante en Estados Unidos son fundamentales para la economía y, en estos momentos, la supervivencia de todos. 

En el caso de Arizona, en el 2018, los inmigrantes indocumentados pagaron $228.5 millones de dólares en impuestos estatales y locales, además de $364.5 millones de dólares en impuestos federales; es decir, un total de $592.9 millones de dólares.

Sí, los indocumentados pagan impuestos que permiten al gobierno federal y a los gobiernos estatales brindar apoyo a la población, en este momento, mediante programas para contrarrestar el impacto del COVID-19.

Asimismo, los trabajadores indocumentados y sus familias pagan impuestos sobre ingreso, sobre venta, al valor agregado y a la propiedad, recursos fiscales que se destinan a programas como Medicaid y al Seguro Social. 

Las valiosas aportaciones de los inmigrantes y de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son incuestionables. No obstante, les son negados muchos de los programas de asistencia pública.

Esta situación ha ocurrido en realidad desde hace tiempo, pero se ha visto expuesta actualmente debido a que la contingencia sanitaria coincide con el décimo aniversario de la promulgación de la ley SB1070 en Arizona.

Hace diez años, el 23 de abril de 2010, Arizona fue el centro del debate migratorio a nivel nacional con la promulgación de la ley “Support our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act”, mejor conocida como Ley Arizona SB1070, que incluía unas de las disposiciones de control migratorio más severas en Estados Unidos.

Los años de debate político e impugnaciones judiciales que siguieron a la promulgación de la SB1070 nos permiten realizar un ejercicio de reflexión y de reconocimiento a la labor que realizan millones de inmigrantes en Estados Unidos y, específicamente, en Arizona, al combatir en las primeras líneas de batalla contra el COVID-19 y asegurar la subsistencia de los estadounidenses.  

Que la presente pandemia sirva para realizar una reflexión y encontrar el mejor camino para garantizar los derechos de todos los residentes de Arizona. Al igual que diez años atrás, el Consulado General de México en Phoenix funge como fuente de información para la comunidad mexicana y trabaja arduamente para garantizar el irrestricto respeto de sus derechos humanos. 

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