El 24 de marzo de 2020, el gobernador Doug Ducey firmó una orden ejecutiva postergando la ejecución de desalojos por 120 días

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La crisis de vivienda en Arizona no es un tema nuevo. Antes de que hayamos oído hablar del Covid-19 ya existía. Los alquileres, al igual que los desalojos, aumentaban  más que los salarios y no se agregaban suficientes viviendas económicas al mercado. .

Inquilinos son particularmente vulnerables y lo serán aún más en esta pandemia. Muchos trabajadores han sido despedidos o viendo una disminución de sus ingresos y aún no tenemos en claro cuántas personas están infectadas con el virus. Muchos otros, además tienen que ocuparse de sus niños, ya que las escuelas están cerradas.  

Aunque los tribunales están haciendo casi todas las audiencias por teléfono y han postergado muchos casos no urgentes, los desalojos siguen adelante.

Hemos visto muchos titulares y noticias que parecen insinuar que los desalojos en el estado de Arizona se han suspendido y que los jueces ya no están firmando sentencias de desalojo, esto no es una realidad.

El 24 de marzo de 2020, el gobernador Doug Ducey firmó una orden ejecutiva postergando la ejecución de desalojos por 120 días. La orden, además, aclara que no exime a los inquilinos de pagar su renta. ¿Qué significa todo esto?

Significa que los arrendatarios pueden seguir presentando demandas de desalojo por falta de pago, aún si los inquilinos no han pagado porque han perdido el trabajo o están enfermos. Significa que el juez debe oír los casos (por audiencia telefónica) y si no se ha pagado la renta, el juez debe firmar el fallo. Por consiguiente deberá firmar la orden para que el auxiliar de justicia, o constable, desaloje o saque al inquilino de la casa.  

Si un inquilino se ha visto afectado por el COVID-19 deberá antes hacerle saber al arrendatario su situación (por carta, e-mail o texto) y avisarle esto al constable cuando llegue con la orden de desalojo. Y podrán mostrarle la copia de la notificación que le dieron a su arrendatario. En ese caso, el constable no los sacaría de la vivienda.

Pero deben entender que el fallo contra el inquilino sigue vigente. Los arrendadores pueden hacer acuerdos con sus arrendatarios de que les paguen en cuotas o perdonarles cargos por mora. Pero habiendo un fallo emitido, no está claro si los inquilinos tendrán alguna protección cuando se acabe esta crisis. Tenemos que suponer que todavía serán responsables por el monto adeudado y que podrán ser desalojados cuando venza la orden del gobernador. 

Algunos inquilinos creen que la orden significa que no tienen que pagar la renta por 4 meses y no pueden ser desalojados, pero están equivocados.  El arrendatario puede pedirle a un juez que obligue al constable a ejecutar el desalojo si creen que el inquilino no está protegido por algunos de los criterios de la orden ejectutiva.

O sea, si el propietario supone que el inquilino está trabajando, la expectativa es que pague su renta y si no la paga, insistirá en que sea desalojado.

Los inquilinos que no pueden pagan podrán llamar al 211 o las agencias de gobierno que proveen ayuda con alquileres. 

Anna Huberman es juez del Juzgado de Paz de Country Meadows en el sureste del valle. 

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