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La Cámara de Representantes votará el miércoles el proyecto de ley "Protección del Gran Cañón"

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Este año es el centésimo aniversario del establecimiento del Parque Nacional del Gran Cañón. A pesar de que ex funcionarios de la industria de combustibles fósiles están a cargo de las políticas medioambientales del presidente Donald Trump, este día aún es motivo para celebrar.

En cambio, la administración de Trump está considerando exponer esta gema internacional a la extracción de minería de uranio. Recientemente, el presidente clasificó el uranio como un mineral de “materia prima”, a pesar de que el uranio no coincide con la definición.

La prioridad de él es escuchar a personas influyentes y así, ignorar los percances ambientales o de salud pública al exponer tierras protegidas a la extracción minera.

Desde el 2008, he trabajado arduamente para proteger el Gran Cañón. La lucha más reciente fue en 2012, cuando el Secretario del Interior, Ken Salazar, puso una pausa de 20 años en las acciones de extracción minera de uranio en aproximadamente 1 millón de acres de terrenos protegidos por el gobierno federal alrededor del parque nacional del Gran Cañón.

Las agencias de preservación ambiental necesitaban, y aún necesitan, tiempo para estudiar los riesgos de salubridad y medioambientales de permitir o expandir actividad minera en esta región tan frágil.   

Suspensión permanente a la minería de uranio

Las corporaciones de combustibles fósiles y sus aliados en el Congreso están presionando al presidente para que ponga fin a esa suspensión ya, más de una década antes de lo previsto.

Suplico a mis colegas en el Congreso y al pueblo estadounidense que se unan en apoyo a las protecciones del Gran Cañón hasta que el presidente Trump lo declare fuera de los límites de actividad minera a largo plazo.

Previsto para este mes, la Cámara de Representantes votará sobre mi proyecto de ley, la Ley de Protección del Gran Cañón, para hacer que la suspensión sea permanente. Si se aprueba, como espero que suceda, el Senado debería retomarlo y mostrar su desapruebo con Trump y los corporativos de una vez por todas.

El parque en sí— una maravilla del mundo y una gema del sistema de parques nacionales— no es el único lugar en riesgo. Alrededor de 40 millones de personas dependen del agua del río de Colorado, que fluye a través de partes de cinco estados y cuya cuenca incluye dos más.

La orden del Secretario Salazar se basó en preocupaciones fundadas y científicamente respaldadas, instando que la minería de uranio podría dañar a las personas en todo el suroeste y contaminar los habitats en los que la vida silvestre ha contado durante milenios para sobrevivir.

A pesar de los grandes esfuerzos de la industria minera para revocarla, la suspensión ha sido validada dos veces por los tribunales federales. (La Asociación Nacional de Minería, en una presentación legal realmente increíble, llamó al reciente movimiento de preservación ambiental “demasiado cauteloso”). Contamos con riesgos reales y nuestro bien público de protegernos de los posibles estragos, es legítimo.

Mientras tanto, sea cual sea su filosofía política, simplemente no hay razón para respaldar la industria del uranio. Hay una insuficiencia interna de uranio, y nuestra cadena de suministro es perfectamente estable.

El precio del uranio es bajo, y el argumento comercial para una mayor extracción de uranio, al menos sin subsidios federales masivos a expensas de los ciudadanos, no existe. Los entusiastas de uranio tienden a pasar estos problemas por alto, pero eso no los hace menos relevantes.

Desafortunadamente, la administración de Trump está dirigida por personas como Andrew Wheeler, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), quien trabajaba con una empresa que representa los recursos de combustibles de energía de peso pesado de uranio hasta que comenzó a trabajar para el gobierno federal.

Quizás aún más preocupante es William Perry Pendley, director interino de la Oficina de Administración de Tierras, quien fue presidente de un despacho jurídico que demandó al gobierno federal en 2012 en nombre de la Asociación de Minería del Noroeste, dicha demanda solicitó revocar la suspensión del Gran Cañón, antes de unirse a la administración Trump.

Costo humano de la exposición al uranio

El estatus de la operación de uranio no cuenta, y nunca ha contado con un interés público de querer aumentar la extracción de uranio. Incluso, Heritage Foundation, una fundación derechista con la que a menudo no estoy de acuerdo ha calificado el impulso de Trump como un regalo a ciertos intereses convenientes para su administración.

No seamos ingenuos sobre el sufrimiento humano de la exposición al uranio. El 2 de octubre, realicé un foro público enfocándose en la Nación Navajo del norte de Arizona para discutir el legado tóxico de la industria minera.

Mientras que el país les dio la espalda, generaciones de mineros de uranio navajo— algunos de los cuales conocí directamente— se quedaron sin seguro de atención médica, ya que sufrían tasas de cáncer inusualmente altas.

Las experiencias de los navajos con el uranio fueron lo suficientemente traumáticas para el gobierno tribal indígena, y muchos miembros tribales advirtieron a la tribu Havasupai— quien reside en el fondo del Gran Cañón, principalmente en la aldea de Supai— que no quieren sufrir de la misma manera.

Ese es un mensaje que nos debe alentar mientras nosotros debatimos cómo responder a una industria que no necesita, o francamente merece, más aguinaldos gubernamentales.

El representante Raúl M. Grijalva, demócrata por Arizona, es presidente del Comité de la Cámara sobre Recursos Naturales. Sígalo en Twitter: @RepRaulGrijalva

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