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Al principio aplaudí la idea de que los dreamers en Arizona reciban un descuento del 50 por ciento en la colegiatura en las tres universidades publicas del estado.

Estos jóvenes han hecho de todo. Se han volcado a las calles con pancartas, han escrito a sus legisladores y algunos hasta se han declarado en huelga de hambre.

Desde hace unos meses estos jóvenes, quienes están protegidos de deportación bajo el programa migratorio de la Casa Blanca, ya pueden conducir legalmente en Arizona después de una larga batalla legal. Y ahora podrían pagar menos para ir a la universidad.

Sin duda es un éxito. Pero solo parcial.

Si yo fuese uno de ellos, estaría contenta de pagar menos ya que cualquier descuento es bueno. Y aquí se trata de miles de dólares.

Pero, ¿qué pretenden los regentes? No evadirán las criticas de los conservadores si aprueban la propuesta en junio. Y tampoco satisfacerán a los aliados de los dreamers quienes quieren que estos paguen lo mismo que los residentes de Arizona.

Los regentes deberían de aceptar que los dreamers paguen lo que el resto de sus compañeros o dejar las cosas como están. ¿Para que hacer las cosas a medias si nadie estará contento?

No sabemos exactamente cuantos dreamers asisten a la UA en Tucson, ASU en Tempe o NAU en Flagstaff. Así que pueden ser una decena o miles. De cualquier forma, no creo que el móvil de los regentes sea ahorrarse unos cuantos dólares.

Como mensaje político, sugiero que sea todo o nada.

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