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La propuesta, que este día fue aprobada por el Comité del Gobierno de la Cámara de Representantes, es calificada por activistas como la "SB1070 versión 2.0"

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Tucson, AZ.- Defensores de los inmigrantes en Arizona han encendido las alarmas ante la iniciativa HB2598, que este jueves avanzó en la Cámara de Representantes de la Legislatura estatal y que de ser aprobada definitivamente penalizaría a cualquier ciudad, pueblo, condado o departamento de policía que adopte políticas de "santuario".

La propuesta, que este día fue aprobada por el Comité del Gobierno de la Cámara de Representantes, es calificada por activistas como la "SB1070 versión 2.0" debido a las similitudes que tiene con la controvertida legislación aprobada en el 2010.

La iniciativa HB2598 indica que ningún oficial, agencia, municipalidad, o condado debe "limitar" o "restringir" de cualquier forma la aplicación de las leyes federales de inmigración, haciéndolos responsables de daños y perjuicios contra víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados que hayan sido liberados después de ser arrestados.

Al igual que la ley estatal SB1070, la propuesta indica que cualquier departamento policíaco en Arizona debe verificar la situación migratoria de una persona después de ser detenida y de la que se "sospeche" que es un inmigrante indocumentado.

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Aunque las ciudades santuario son ilegales en Arizona, un par de propuestas de leyes estatales buscan elevar a rango constitucional la prohibición de las mismas. La Voz

Esta sospecha estará basada en que la persona detenida no pueda presentar una licencia de conducir o identificación válida del estado de Arizona, o una identificación de alguna de las tribus indígenas del estado. Arizona requiere prueba de ciudadanía o residencia legal en Estados Unidos para emitir estos documentos.

La HB2598 va un paso más adelante permitiendo que un ciudadano que haya sido víctima de un crimen cometido por un inmigrante indocumentado que previamente haya sido dejado en libertad por un departamento policíaco ignorando las leyes federales de inmigración, pueda demandar por daños.

Bret Roberts, legislador estatal republicano y el principal impulsor de la medida, dijo este jueves ante el Comité del Gobierno que la propuesta sancionaría a todas aquellas ciudades, condados o población que adopte políticas de "santuario", que serían responsables por los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados.

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Su propuesta, asegura el legislador, responde al temor de que ciudades en el estado puedan declararse "ciudades santuario", que no colaboran con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración. Esto después de que los votantes de Tucson rechazaran en noviembre pasado convertirse en la primera ciudad santuario del estado.

Roberts indicó que la única razón por la que los residentes y líderes políticos de Tucson rechazaron esa propuesta fue porque tenían miedo de perder fondos estatales. El legislador cree que el movimiento para convertirse en ciudad santuario se puede repetir en el futuro en Tucson o en otras ciudades del estado, pese a que la ley SB1070 prohíbe ya las ciudades santuario en Arizona.

Parte de la propuesta HB2598 trata de evitar que inmigrantes indocumentados sean liberados nuevamente dentro de las comunidades si los departamentos policíacos no cumplen con la orden de retención emitida por la oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en contra del detenido.

Sin embargo los defensores de los inmigrantes consideran que este es un nuevo golpe en contra de la comunidad inmigrante y de los latinos en Arizona.

Isela Blanc, legisladora estatal demócrata que votó en contra de la medida, recordó al Comité de Gobierno el impacto económico, social y cultural que tuvo para el estado la aprobación de la ley SB1070.

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Blanc quien dijo en el pasado haber sido ella misma una inmigrante indocumentada, calificó esta propuesta de divisiva que afectará a la comunidad inmigrante, que contribuye todos los días a la economía estatal.

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió a los legisladores estatales de posibles violaciones a los derechos constitucionales de los detenidos en caso de que esta propuesta sea aprobada definitivamente. Los derechos constitucionales bajo la Cuarta Enmienda podrían ser violados si una persona es detenida por largos periodos de tiempo en espera de que llegue un agente de ICE.

La ACLU indicó que se han dado casos en que residentes legales o inclusive ciudadanos estadounidenses son detenidos en las cárceles equivocadamente en espera de agentes de ICE.

Grupos como LUCHA han iniciado una fuerte campaña en contra de esta iniciativa y contra la propuesta SCR1007, la cual busca incluir la prohibición de las ciudades santuario en la Constitución estatal. Actualmente se encuentran recaudando firmas de la comunidad en contra de estas propuestas.

Se anticipa un fuerte debate en los próximos días en la Legislatura estatal a medida que se debaten ambas propuestas, de las que defensores de los inmigrantes consideran que responden a intereses políticos que buscan impulsar la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

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