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Autoridades anunciaron que en enero fueron detenidos en la frontera 36.679 migrantes ilegales, el 8vo mes que la cifra desciende

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WASHINGTON -- "Las reglas del juego han cambiado" y ahora la inmigración ilegal a Estados Unidos es mucho más difícil, afirmó este martes el comisionado interino de CBP, Mark Morgan, luego de anunciar que en enero pasado fueron detenidos en la frontera 36.679 migrantes ilegales, el octavo mes que la cifra desciende.

"Nuestro mensaje es claro: si usted está en este país ilegalmente, será detenido y deportado", dijo el funcionario. "Para quienes estén pensando en migrar a EEUU nuestro mensaje es, también, claro: no lo hagan. Las reglas del juego han cambiado", dijo, luego de comparar el dato de enero con los más de 58.300 de enero de 2019.

"Hace ocho meses usted tendría algunas probabilidades de ser admitido en EEUU. Ahora no", añadió Morgan en una conferencia de prensa en la cual atribuyó el cambio a la "red de iniciativas cuidadosamente consideradas del presidente Donald Trump", entre las que figuran la detención y deportación de inmigrantes ilegales y los esfuerzos para construir un muro a lo largo de la frontera sur.

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"Mantengan la esperanza en sus líderes, en sus gobernantes", continuó Morgan, en palabras dirigidas a los potenciales migrantes centroamericanos. "Busquen la manera de quedarse allá, de construir su futuro aprovechando el potencial real en sus países".

Desde que se alcanzó la cifra mensual máxima de unos 140.000 detenidos en mayo pasado, se han reducido las aprehensiones por ocho meses consecutivos, tal como detalló Morgan.

La migración desde América Central y México hacia Estados Unidos responde a un ciclo de estaciones y por años ha disminuido durante los meses de invierno en el hemisferio norte para incrementarse en los meses de verano.

Pero mientras que hace un año al aproximarse la primavera empezaron a formarse en Honduras y Guatemala varias caravanas de migrantes resueltos a marchar hacia el norte, ahora la colaboración de las autoridades centroamericanas y mexicanas ha disminuido esas congregaciones.

"La crisis que tuvimos el año pasado fue resultado de la migración de familias desde América Central en una magnitud nunca antes vista", agregó Morgan. "Desde entonces ha disminuido el número de migrantes centroamericanos, y ha aumentado el de mexicanos y brasileños".

El funcionario afirmó que existe una vinculación muy grande entre la inmigración ilegal y las actividades de organizaciones criminales involucradas en el contrabando de personas, armas de fuego y drogas ilegales.

"No tienen consideración alguna por la seguridad de otros seres humanos, su único interés es el dinero", agregó Morgan, quien dijo que "las bandas de contrabando humano extraen cientos de millones de dólares de esos migrantes".

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"Y hay un vínculo entre cualquier crisis de inmigración y las muertes de miles de individuos en este país", continuó. "Esto amenaza la seguridad pública en todo el país", advirtió.

El funcionario criticó en ese sentido que el Congreso no haya aprobado alguna legislación significativa para lidiar con la crisis migratoria, y calificó de "amenaza para la seguridad pública" que más de 500 ciudades y municipios se hayan declarado "santuario", lo que impiden que sus policías y agencias locales verifiquen la situación legal de los inmigrantes.

El funcionario recordó que tras los ataques terroristas en Estados Unidos en septiembre de 2001, una comisión investigadora de antecedentes concluyó que una de las fallas mayores de los servicios de inteligencia y policía del país había sido la falta de comunicación e intercambio de informaciones.

"Los 'santuarios' son un paso atrás enorme, nos devuelven a una situación en la cual las autoridades federales no reciben información de las autoridades locales", agregó.

El lunes la Administración Trump demandó a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, por medidas que protegen a los migrantes indocumentados, principalmente las políticas "santuario".

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó además al estado de California, a su gobernador, Gavin Newson, y a su fiscal general, Xavier Becerra, por una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro, entre ellas centros de detención de migrantes.

"Los políticos que han establecido jurisdicciones santuario aparentemente creen que es más importante ayudar a los extranjeros criminales a evadir la ley, que proteger la seguridad de las personas que respetan la ley", señaló hoy el Fiscal General, William Barr, durante un encuentro con alguaciles celebrado en Washington.

Barr destacó que a fin de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que depende CBP y otras agencias federales de migración, pueda hacer su labor han tomado "todas las medidas apropiadas en un tribunal federal para garantizar" que puedan acceder a información de indocumentados con antecedentes que se hallan bajo custodia de "jurisdicciones que no cooperan".

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