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En la que se considera como la primera consulta popular de su tipo a nivel nacional, el próximo 5 de noviembre los votantes de Tucson decidirán si protegen a la comunidad indocumentada

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TUCSON, Arizona -- Tucson, la segunda mayor ciudad de Arizona, podría revelarse contra un estado en el que sigue vigente la polémica ley SB 1070 si los votantes aprueban en consulta popular una medida que la convertiría en la primera ciudad santuario de la región.

En la que se considera como la primera consulta popular de su tipo a nivel nacional, el próximo 5 de noviembre los votantes de Tucson decidirán si protegen a la comunidad indocumentada en un estado donde el presidente Donald Trump ha encontrado tierra fértil para sus duras políticas migratorias.

Además de convertir oficialmente a Tucson en una ciudad santuario, la Propuesta 205 prohíbe prácticas de perfil racial por parte del Departamento de Policía de la Ciudad de Tucson (DPS) y busca proteger a víctimas y testigos de crímenes que carecen de estatus migratorio legal.

También se opone a cualquier tipo de cooperación local con el Gobierno federal para llevar a cabo operativos o redadas en conjunto con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

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Hasta el momento no hay una encuesta sobre qué porcentaje de la población en Tucson apoya la medida, así que el resultado que salga de las urnas el martes es toda una incógnita.

Pero lo que ya se sabe es que la polémica idea de convertir a Tucson oficialmente en una ciudad santuario ha causado una fuerte división inclusive entre aquellos que tradicionalmente han luchado en favor de la comunidad inmigrante.

Si se aprueba, esta propuesta va a "cambiar las reglas" para la policía local con respecto a inmigración, terminando con "posibles prácticas de perfil racial", dijo a Efe Billy Peard, cofundador del grupo "Familias Libres y Seguras de Tucson", principales impulsores de la Propuesta 205.

Críticos de la medida consideran que no es posible que Tucson se convierta en una ciudad santuario, ya que, en su opinión, va en contra de la ley estatal SB 1070, aprobada en 2010.

La legislación, que en su momento convirtió a Arizona en el epicentro del debate migratorio a nivel nacional, daba poder a los departamentos policiacos de cuestionar el estatus migratorio de las personas que son detenidas.

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La SB 1070 llegó hasta la Corte Suprema federal, que mantuvo con vida gran parte de la legislación.

"Esto le podría costarle a Tucson más de 100 millones de dólares de su presupuesto", advirtió el gobernador de Arizona, Doug Ducey, en declaraciones enviadas a Efe.

El gobernador republicano indicó que la Legislatura estatal podría retirar fondos a Tucson por violar las leyes estatales.

Algo en lo que no está de acuerdo Peard, quien asegura que la propuesta está escrita de una forma que se encuentra sobre la línea legal de la SB1070.

Explicó que la legislación no va en contra de la SB 1070, sino que lo que establece es que no se puede usar el perfil racial para aplicar esta legislación.

La Propuesta 205 también ha encontrado fuerte oposición entre políticos que se han caracterizado por luchar en favor de los inmigrantes.

Este es el caso de Regina Romero, quien busca convertirse en la primera mujer y la primera latina en ser electa alcalde de Tucson en las mismas elecciones del 5 de noviembre.

"La ciudad de Tucson se ha caracterizado por ser una ciudad amigable para los inmigrantes. Nosotros ya hacemos el 60 % de lo que pide esta propuesta, la policía en muy pocas ocasiones contacta a Inmigración, solo cuando se comete un crimen serio", dijo a Efe Romero, una de las primeras voces en levantarse hace una década en contra de la SB 1070.

"Estoy de acuerdo que el récord de la Policía en Tucson no está tan mal en comparación a otros departamentos policiacos en el país, yo les doy crédito en crear más confianza entre la comunidad latina, pero no es suficiente, especialmente durante la época de Trump y donde todavía existe la SB 1070", reiteró Peard.

Y los hay también que querían una medida más dura y afirman que la propuesta solo afectaría al DPS y no a otras agencias como la Policía del Condado de Pima, cuyos agentes también patrullan la ciudad y a quienes se les ha relacionado con detenciones de tráfico que concluyeron con llamadas a la Patrulla Fronteriza para verificar el estatus migratorio de los conductores.

Sin embargo, Peard considera que esta iniciativa en caso de ser aprobada será una base fundamental para buscar establecer cambios en otros departamentos policiacos en Arizona y quizás en el resto del país.

Convertir a Tucson en una ciudad santuario no es algo fácil en un estado tradicionalmente republicano y que ha sido visitado en múltiples ocasiones por Trump desde que se postuló como candidato a la Presidencia en el 2015.

En Arizona, Trump ha encontrado un territorio propicio para sus duras propuestas migratorias, incluyendo la construcción de un muro fronterizo con México.

Sin embargo, para Peard, Tucson es un "punto azul" en Arizona, en referencia al color que identifica a los demócratas, y donde el 42 % de sus residentes son de origen hispano, tradicionalmente en contra de duras medidas antiinmigrantes.

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