Grupos pro inmigrantes expusieron que el plan "amenaza con poner en peligro el acceso significativo al asilo y otras protecciones humanitarias bajo las leyes de inmigración".

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LOS ÁNGELES, California -- Organizaciones defensoras de los inmigrantes urgieron hoy al Gobierno federal a poner fin al plan piloto de retornar a México a los solicitantes de asilo que entraron por la frontera sur porque, aseguran, viola el derecho al debido proceso y el bienestar de los inmigrantes.

En una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), The American Immigration Council y Catholic Legal Immigration Network Inc. expusieron que el plan "amenaza con poner en peligro el acceso significativo al asilo y otras protecciones humanitarias bajo las leyes de inmigración".

El "Protocolo de Protección a Migrantes" (MPP, por su sigla en inglés), como fue denominado el plan, comenzó a implementarse la semana pasada en el paso fronterizo que conecta a Tijuana (México) con San Diego (EE.UU.).

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El plan piloto se prevé que regrese a México a 20 inmigrantes elegibles por día.

En la misiva, las tres organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que el MPP no hace nada para proteger realmente al migrante y que, en cambio, obligan a los solicitantes de asilo en la frontera a esperar en circunstancias precarias y peligrosas.

Las tres organizaciones conforman el Proyecto Dilley Pro Bono (PDPB), que ha asesorado a cientos de migrantes en su defensa. Para ellos, el plan fue bautizado de forma incorrecta pues "no está protegiendo al migrante".

El documento adjunta los resultados de una encuesta realizada a inmigrantes que recibieron ayuda del PDPB entre el 16 y el 29 de enero de este año.

Los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos que hablaban español como primer idioma, contestaron preguntas sobre las experiencias vividas a su paso por México.

El 90.3% de los encuestados dijeron que no se sentían seguros en ese país y el 46% que experimentaron al menos un tipo de daño mientras estaban de paso por territorio mexicano.

Alrededor del 39% de los encuestados aseguró ser víctima, al menos una vez, de maltrato de un funcionario mexicano. El soborno fue la denuncia más expuesta.

La misiva tiene nueve declaraciones juramentadas de inmigrantes que, junto a sus hijos, sufrieron algún tipo de violencia a su paso por México.

Se destaca el caso de Aracely (se omite el apellido y ciudad o localidad de origen), una hondureña que declaró haber sido secuestrada por miembros de un cartel con la colaboración de autoridades mexicanas, y que no fue liberada hasta que su familia pudo pagar 14.000 dólares.

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El texto termina con la petición a Nielsen de rescindir el programa MPP "y asegurarse de que los solicitantes de asilo reciban información significativa, acceso a la adjudicación segura, oportuna y justa de sus solicitudes de protección y audiencias".

Anteriormente, defensores de los inmigrantes habían criticado el programa al asegurar que a los solicitantes de asilo se les hará difícil, si no imposible, tener acceso a un abogado familiarizado con las leyes de inmigración y de asilo de Estados Unidos.

También argumentaron que, una vez en México, los migrantes no tendrán acceso de manera oportuna a evidencias y papeleo necesario.

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