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Negó su petición de asilo tras varios años de lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de los inmigrantes.

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TUCSON -- Un juez de la corte de inmigración en Tucson, Arizona, ordenó hoy la deportación de la activista mexicana Alejandra Pablos y negó su petición de asilo tras varios años de lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de los inmigrantes.

"Sabíamos que iba a ser un caso muy difícil con la retórica antiinmigrante (que hay) a nivel nacional", dijo Pablos a Efe a las afueras de la corte, donde hoy se presentó acompañada de su familia, amigos y miembros de la comunidad.

La activista indicó que, a pesar de este revés, seguirá luchando, ya que ahora su equipo legal tiene 30 días para presentar una apelación.

Dijo que iniciarán una campaña para solicitar un perdón por parte del Gobernador de Arizona, Doug Ducey, que pueda borrar su detención original, que la llevó a enfrentar un proceso de deportación.

"Este no es el final de mi lucha", aseguró Pablos.

Organizaciones como Mijente, que luchan a favor de los derechos de los inmigrantes, consideraron que el proceso contra Pablos es una "represalia" por su activismo.

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"No han podido silenciarme, seguiré hablando sobres cosas que son hechos, la lucha no para conmigo, yo soy una entre millones que están sufriendo", manifestó la activista.

La inmigrante mexicana lucha por la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y es miembro de la organización National Latina Institute for Reproductive Health.

Pablos, de 32 años de edad, lleva luchando por no ser deportada desde el 2011.

Fue detenida en marzo cuando se presentó a una visita de rutina en la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Tucson.

Esto ocurrió después de que Pablos fuera detenida durante una protesta a las afueras de las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Virginia.

La activista pasó más de un mes en el Centro de Detenciones de Eloy, en Arizona, el mismo lugar donde había permanecido dos años entre el 2011 y el 2013.

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En marzo, una campaña para liberar a Pablos recaudó más de 22.500 firmas de apoyo, así como cartas, pidiendo que sea liberada cuanto antes del Centro de Detenciones de Arizona.

Allí, según ha dicho, experimentó en carne propia los abusos que sufren los inmigrantes.

Pablos es residente legal pero fue puesta en proceso de deportación tras la policía hallar en su automóvil artículos para consumir drogas.

La activista llegó a Estados Unidos cuanto tenía solo seis meses de nacida.

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