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La Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco afirmó que el condado Maricopa también es responsable de las políticas que Arpaio aplicaba cuando estuvo en el carg

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PHOENIX, AZ.– Un condado en Arizona puede ser responsabilizado de las políticas del ex jefe de policía Joe Arpaio, cuyo departamento discriminaba a los hispanos, dijo el lunes una corte federal en una opinión.

La Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco afirmó en su opinión que el condado Maricopa también es responsable de las políticas que Arpaio aplicaba cuando estuvo en el cargo. 

La opinión surgió de una acción del gobierno federal contra Arpaio y el condado para frenar las prácticas discriminatorias contra los latinos. Incluyó las acusaciones de discriminación descritas en una demanda colectiva que atrajo gran atención mediática y que fue presentada contra Arpaio por las detenciones de vehículos en los que viajaban personas que pudieran ser inmigrantes que estaban en el país sin permiso. 

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El costo en demandas 

En el curso de los años, el condado Maricopa ha gastado unos 141 millones de dólares en la defensa de Arpaio frente a diversas demandas. 

La cifra incluye 54 millones tan solo para el caso de encasillamiento racial y 82 millones en juicios, arreglos extrajudiciales y honorarios legales para la oficina de Arpaio que cubren otros asuntos, como demandas por muertes en sus cárceles y las fallidas investigaciones que hizo de sus enemigos políticos. 

Arpaio, de 85 años, fue jefe policial del condado Maricopa durante 24 años hasta que perdió la reelección contra el demócrata Paul Penzone en 2016. 

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Indulto

El presidente Donald Trump indultó el año pasado a Arpaio, sobre quien pesaba una condena penal por desacato a la corte debido a que desafió intencionalmente la orden de una corte que le había prohibido los operativos de tránsito dirigidos contra inmigrantes. Arpaio ha anunciado su candidatura para disputar la banca que el senador republicano Jeff Flake deja vacante. 

El abogado del condado Maricopa, Bill Montgomery, dijo que los “controles autorizados por la Juntas de Supervisores de acuerdo con la ley de Arizona no abarcan los controles operacionales”, y agregó que la opinión al parecer se basó en una “revisión excesivamente limitada de la ley de Arizona”. 

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En una moción de 2012 para desechar la acción del gobierno federal, el condado Maricopa dejo entrever que quería separarse de cualquier práctica discriminatoria empleada por Arpaio y señaló que no podía detener las conductas que se le imputaban. 

“El condado y la junta (de supervisores) no pueden dar instrucciones al jefe policial, controlar sus acciones, ni fijar políticas policiales o de encarcelamiento. El sheriff es el único responsable de esas actividades dentro del condado de acuerdo con la ley de Arizona”, afirmó. 
 

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