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Inmigrantes de Arizona en zozobra por demanda a medidas de Obama

Casi una tercera parte de los inmigrantes que ahora viven en Estados Unidos sin permiso legal cumplen los requisitos para la protección temporal detenida en las cortes

AP
Brenda Armendariz, originaria de México, está sentada en su casa móvil de Tucson. Armendáriz llego a los Estados Unidos con dos niños pequeños y ha dado a luz a otros dos aquí, por lo tanto son ciudadanos americanos. Sus hijos nacidos en México están decepcionados que ellos no podrán aplicar para un programa que los protegería de la deportación. Armendáriz también habría calificado bajo uno de esos programas. Pero el fallo de un juez federal en Texas detuvo la implementación de estos programas de acción diferida.

TUCSON, Arizona - Brenda Armendáriz, su esposo y dos hijos, todos nacidos en México, esperaban resolver su constante temor de ser deportados después que el presidente Barack Obama emitió sus más recientes órdenes ejecutivas en inmigración.

Pero ahora que el fallo de un juez federal en Texas bloqueó los esfuerzos de Obama para proteger de la deportación a unos 4 millones de inmigrantes, la familia de Armendáriz está desilusionada porque ella y sus hijos sienten que el ofrecimiento del presidente de darles estatus legal temporal se aleja frustrantemente de su alcance.

Casi una tercera parte de los inmigrantes que ahora viven en Estados Unidos sin permiso legal cumplen los requisitos para la protección temporal si las recientes órdenes de Obama son ratificadas en la corte, ya sea porque llegaron a Estados Unidos siendo niños o porque sus propios hijos tienen estatus legal en el país.

Pero los avances y retrocesos en una reforma han sido tan frecuentes al pasar los años que muchos miles de inmigrantes que ya son elegibles para recibir la protección se han dado por vencidos por ahora y no están solicitando los permisos de trabajo ni inscripción al Seguro Social que podrían recibir bajo la primera orden ejecutiva que emitió Obama en 2012.

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Existe una letanía de razones, como la desconfianza general hacia el gobierno, por las cuales temen ser deportados, además de que hay que pagar 500 dólares para hacer la solicitud. Pero la constante incertidumbre creada por la división política en Washington también los mantiene alejados.

Unas 150 personas se han acercado al despacho en Arizona del abogado migratorio Lance Wells esta semana, reaccionando con desconcierto, temor y consternación por el más reciente revés, dijo él mismo. El abogado recomienda "ser pacientes, de alguna forma sabíamos que vendría esto".

Pero la paciencia se está acabando.

Armendáriz y su esposo llegaron a Tucson hace una década, con un hijo y una hija, con la intención de quedarse lo suficiente para hacer algo de dinero y regresar a su natal estado de Sonora. En lugar de eso, se asentaron. Los hijos tienen ahora 21 y 13 años, y tienen dos hermanos más, que sí son estadounidenses, uno de 3 años y una niña de un mes.

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Al igual que muchos otros inmigrantes, esta familia tiene "estatus mixto", donde el padre, la madre y los dos hijos mayores no califican al programa de suspensión de deportaciones, o DACA por sus siglas en inglés, promovido por Obama desde hace casi tres años.

Con el objetivo de mantener a estas familias juntas, las órdenes ejecutivas que el presidente anunció en noviembre hubieran sido válidas para los hermanos mayores desde el 17 de febrero y para los papás a partir de mayo.

El juez de distrito en Texas, Andrew Hanen, bloqueó temporalmente ambas extensiones después que opositores a Obama demandaron al programa por considerar que excede las facultades presidenciales. El gobierno federal planea apelar.