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Chicago (IL).- Un juez federal ratificó que las agencias policiales no tienen obligación de acatar las retenciones para deportación que hace Inmigración en las cárceles, informó hoy el Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) de Chicago.

Según un comunicado, el juez John Z. Lee, de la Corte de Distrito del Norte de Illinois, ratificó, en una demanda presentada por el centro, un dictamen de este año del Tercer Circuito, según el cual las retenciones no deben ser consideradas obligatorias.

"Durante muchos años, ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) se aprovechó de la ambigüedad legal para convencer a las agencias policiales a cumplir con las retenciones de inmigración", declaró Mark Fleming, coordinador de litigios del centro.

"Confiamos en que esos días hayan llegado a su fin", agregó en el comunicado.

Con las retenciones, ICE puede mantener detenido a un indocumentado durante 48 horas o más después de pagada la fianza por delitos menores para comprobar su estatus, más allá del plazo establecido por jueces y fiscales locales.

El centro señala que el dictamen de marzo de 2014 sobre la no obligatoriedad ha servido de base para que más de 250 agencias policiales municipales y estatales aprobaran ordenanzas y otras políticas para suspender las retenciones.

"Esto ha cumplido un papel importante en el desmantelamiento del programa Comunidades Seguras de Inmigración, que ha resultado en la detención innecesaria y deportación de miles de indocumentados", agrega.

Bajo el programa de Comunidades Seguras, las huellas digitales que se toman a los detenidos se tienen que compartir con ICE, que puede ordenar a las policías locales que los retengan hasta decidir si se pueden deportar o los entregan para custodia del Gobierno federal.

Un estudio reciente realizado por dos profesores de las universidades de Chicago y Nueva York indicó que después de seis años de aplicación del programa, y más de 250.000 deportaciones, no se redujo la criminalidad y tampoco "se cumplió el objetivo central de volver más seguras las comunidades".

"Las deportaciones de Comunidades Seguras fueron en su mayoría de responsables de delitos menores, de ofensas no relacionadas con seguridad pública, y de personas que ni siquiera cometieron un crimen", afirma el trabajo de Thomas J. Miles y Adam B. Cox, que se publicará en noviembre en The Journal of Law and Economics.

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