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Legislador critica recorrido por albergue

AP
Jim Bridenstine.

TULSA, Oklahoma — Un legislador de Oklahoma ha criticado un propuesto recorrido de los medios por una instalación de Fort Sill, donde están albergados más de mil menores, en su mayoría adolescentes centroamericanos inmigrantes.

El representante republicano Jim Bridenstine exhortó el lunes a los reporteros a no participar en el recorrido porque la invitación explica que no se responderán preguntas ni se permitirá grabar nada.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo en su invitación que para "proteger la seguridad y privacidad de los menores" no se permitirán equipos de grabación, no se podrán hacer preguntas durante el recorrido y no habrá interacción con el personal y los menores. Hubo normas similares durante recorridos recientes de The Associated Press en centros de detención en California, Arizona y Texas.

La invitación indicó que las respuestas a las preguntas de los medios se ofrecerán tan rápido como sea posible. La agencia agregó que ofrecerá fotos de las instalaciones cuando concluya el recorrido.

Bridenstine, legislador de Tulsa en su primer período, indicó en un comunicado el lunes que las estipulaciones infringen la Primera Enmienda. En otro comunicado también el lunes, expresó que tenía planeado recorrer las instalaciones el sábado y que haría "visitas no anunciadas" al lugar en el futuro.

"La idea de no permitir grabaciones, no hacer preguntas y no poder hablar con el personal y los menores no es aceptable", dijo. "Esto infringe la Primera Enmienda y no es transparente".

Un portavoz de la agencia no respondió de inmediato el lunes a una solicitud de comentario y se limitó a decir que en la instalación hay 1.117 menores albergados.

Los menores son casi todos adolescentes centroamericanos detenidos mientras entraban ilegalmente en Estados Unidos y son parte de más de 52.000 menos no acompañados detenidos desde octubre. Albergues similares funcionan en Texas y California.

El Departamento de Defensa ha autorizado la operación de esas instalaciones durante 120 días mientras las autoridades tratan de encontrar a los familiares de los menores o colocarlos con un patrocinador.