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La solidaridad masiva que recibieron caravanas previas de migrantes centroamericanos al cruzar México con destino al norte ahora son apoyos con cuentagotas

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PIJIJIAPAN, México – La hondureña Madison Mendoza tenía el rostro quemado y los pies lastimados luego de caminar por horas bajo el ardiente sol chiapaneco. Viajaba con su hijo de 2 años y no podía contener las lágrimas pese a que por fin ambos pudieron bañarse en Escuintla, una localidad 150 kilómetros (93,2 millas) al norte de la frontera entre México y Guatemala.

“Pensé que en el camino me iban a ayudar con el bebé; mi tía me había dicho que la gente ayudaba a las mujeres”, indicó Mendoza, de 22 años, quien huyó hace dos semanas de Tegucigalpa prácticamente sin dinero ante las amenazas del padre de su hijo, un policía en activo.

Sin embargo, la ayuda no llegó.

La solidaridad masiva que recibieron caravanas previas de migrantes centroamericanos al cruzar México con destino al norte ahora son apoyos con cuentagotas, bien por el cansancio de los pobladores o, como señalan algunos expertos, porque se ha divulgado un discurso que aviva los prejuicios en su contra.

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Atrás quedó la ayuda de iglesias, particulares y organizaciones locales que ofrecían comida o transporte gratuito en plataformas de camiones o en vehículos pequeños para aligerar la travesía, lo cual ahora sólo ocurre de forma muy esporádica. Y todo eso ha incrementado la frustración de muchos que huyen de la pobreza o la violencia en Centroamérica.

“Lo que más me angustia es que el bebé me pide comida y ha habido días que no pude darle”, lamentó Mendoza, que el sábado llegó a Mapastepec, una localidad un poco más al norte de Escuintla, aún en el estado de Chiapas.

En el lugar, miles de migrantes continúan varados a la espera de que las autoridades mexicanas les otorguen algún permiso o visa temporal para trabajar en México o, en caso de no obtenerlo, seguir su viaje hacia la frontera con Estados Unidos.

El grupo decidió descansar el domingo en Mapastepec, ante lo cual decenas optaron por bañarse y lavar sus ropas en un río. Byron López, un guatemalteco de 24 años, dice que esta es la segunda caravana a la que se une. De la primera, en octubre de 2018, fue deportado.

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“En la primera caravana me agarraron en Tijuana y me deportaron”, cuenta el mecánico, y dice que intenta de nuevo llegar a Estados Unidos para ver por primera vez a su madre, que vive en Miami y lo abandonó cuando tenía apenas unos meses de nacido. “Yo la perdoné; sólo quiero verla”.

El sacerdote Heyman Vázquez, párroco en Huixtla –municipio de la misma ruta– no titubeó al señalar las razones por las que la solidaridad ha disminuido.

“Se debe a toda la campaña de discriminación y xenofobia que se está creando a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que culpan a los migrantes de la inseguridad en Chiapas”, explicó.

Esta semana hubo un intento infructuoso de cerrar el paso en esa localidad a uno de los grupos de migrantes, y las autoridades locales incluso emitieron un comunicado en que declararon una emergencia y aconsejaron el cierre de negocios porque la caravana, argumentaron, representaba un peligro para la seguridad local.

Oscar Pérez, un comerciante que vende carnitas de cerdo en otro punto de la misma ruta, la comunidad de Ulapa, aseguró que la población se cansó de apoyar a los migrantes porque se dice “que se han vuelto agresivos y por eso no les dan ayuda”.

“¿Ya para qué van, si no los dejan pasar (a Estados Unidos)?”, se preguntó Pérez. Aunque reconoce que él no sabe de alguien que haya sido agredido por migrantes, insiste en que la gente de Chiapas es pobre pero trabaja, en vez de pedir ayuda.

Según el sacerdote Vázquez, la única que recibió apoyo fue la primera caravana, la que salió de Honduras en octubre pasado y llegó a contar con más de 7.000 integrantes. A partir de entonces, sostuvo, se ha promovido el odio. Su parroquia es de las pocas que ha llevado agua y comida a las familias de centroamericanos.

Este ambiente causa que la frustración se apodere cada vez más de centroamericanos como Geovani Villanueva, un hondureño de 51 años que lleva 25 días en el polideportivo de Mapastepec esperando un permiso, una visa o algún documento que le permita seguir la ruta con su esposa, sus dos hijos pequeños y otros cuatro familiares que viajan con él.

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“Creo que es una estrategia del gobierno de cansarnos”, dijo Villanueva.

Un grupo de migrantes que se separó del que permanece en Mepastepec caminaba el domingo en las áridas rutas entre Pijijiapan y Tonalá. Al medio día, después de avanzar 10 horas, llevaban recorridos la mitad de los 100 kilómetros (62 millas) que separan ambas comunidades, sin agua, con los ríos secos y sin árboles donde resguardarse. Los custodian dos patrullas y una decena de policías federales.

Juan Espinal, un agricultor hondureño de 34 años, se queja de los policías municipales locales. Dice que la noche anterior no dejaron que entrara a Pijijiapan –“está prohibido”, dice que les dijeron–, y agrega que también trataron de impedir que un grupo de personas de una iglesia les regalara comida.

El Instituto Nacional de Migración de México dijo el viernes que son 5.336 los migrantes que están siendo atendidos en albergues o en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, casi en la frontera con Guatemala. Más de 1.500 de ellos estaban a la espera de ser retornados, indicó en un comunicado.

Estados Unidos ha presionado a México para que controle los flujos migratorios. El presidente Donald Trump ha amenazado en varios ocasiones con cerrar la frontera, que está desbordada tanto del lado mexicano como del estadounidense. Tan sólo en marzo agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 53.000 padres e hijos.

Al margen de las cifras, lo que hay son familias cansadas que duermen en el suelo sobre cartones o cobijas, y con poco que llevarse a la boca.

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Nancy Valladares, una hondureña de Progreso, caminaba el sábado apresurada con su marido y sus dos hijas en sendos carritos de bebé. Una vez más, no encontraban vehículo que les llevara un tramo del camino.

Junto a ellos, a lo largo de 30 kilómetros (18,6 millas), marchaba un centenar de migrantes que la policía federal bajó de la plataforma de un camión.

La familia de Valladares tiene la esperanza de que en Estados Unidos puedan curar a su hija Belén, de dos años, que no camina, no habla y come con dificultad porque nació con microcefalia a consecuencia del virus del Zika.

Molestos y cansados, algunos migrantes ya no quieren hablar con la prensa y avanzan lentamente por el agotamiento de muchos de los niños. Por el camino, buscan árboles para refugiarse del asfalto ardiente de la carretera y recogen mangos y frutas silvestres de los árboles a lo largo del trayecto.

Sin embargo, no desisten. Villanueva y su familia salieron de la ciudad hondureña de Tela porque unos pandilleros querían asesinarlo por no pagar una extorsión. Él tenía varios locales comerciales. Su salida fue para salvar la vida, así que lo tiene muy claro: no hay vuelta atrás.

 

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