El castigo sería dirigido a quienes propicien ataques contra funcionarios electorales, la destrucción de papelería, la compra de voto y el desvío de programas sociales

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CIUDAD DE MÉXICO -- La bancada de Morena en el Senado propondrá una reforma para sancionar como delitos graves los ataques contra funcionarios electorales, la destrucción de papelería, la compra de voto y el desvío de programas sociales.
 
El proyecto, registrado por el coordinador de ese grupo, Ricardo Monreal, plantea que la pena de cárcel sea incrementada, desde un tercio hasta una mitad adicional, cuando estos delitos sean cometidos con violencia.
 
El proyecto contempla que, en estos casos, el juez deberá otorgar prisión preventiva.
 
Los cambios a la Ley General en Materia de Delitos Electorales buscan endurecer las penas contra delitos electorales y regular el castigo de ciertas conductas para evitar la impunidad.
 
Monreal aseguró que es indispensable castigar la violencia política contra la mujer y cualquier persona en razón de su género.

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En el documento, adelanta que los candidatos independientes también serán sujetos de castigo en caso de cometer delitos electorales, al igual que sus gestores o auxiliares.

Las penas serán incrementadas por falsificar credenciales para votar con fotografía y proporcionar información falsa para su obtención, así como por realizar intimidación y hacer amenazas, por parte de grupos armados, a candidatas y candidatos.
 
También se aumentarán los castigos por solicitar injustificadamente copia de la credencial para votar, con fines de obtener el apoyo ciudadano.
 
De aprobarse la reforma, se podrán aplicar sanciones por faltas en los periodos de intercampañas y habrá consecuencias jurídicas para personas morales por delitos electorales.

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"Esto permitirá que a quienes incurran en estos delitos no les sea fácil continuar sus procesos en libertad", indica la iniciativa que busca desincentivar estas prácticas.
 
La propuesta contempla incrementar a más de cinco años la media aritmética de diversos delitos, para que los responsables no gocen de los beneficios de ley, como salir bajo fianza.

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