El tribunal ordenó “su inmediata y absoluta libertad” luego de retirarle los cargos por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército

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CIUDAD DE MÉXICO – La absolución del doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas del estado de Michoacán, en el occidente de México, es, a juicio de su abogado, la constatación de que el gobierno mexicano actuó de manera irresponsable en ese estado, entregando armas a civiles sin un marco legal para ello.

“Es un reconocimiento de que el Estado Mexicano actuó sin ningún pudor en Michoacán“, primero entregando armas a las autodefensas y luego apresándoles por ello”, indicó el miércoles Ignacio Mendoza, encargado de su defensa.

José Manuel Mireles, uno de los líderes que encabezaron el alzamiento de civiles contra el cartel de los Caballeros Templarios en 2013, fue absuelto el martes por la noche del delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército. El tribunal ordenó “su inmediata y absoluta libertad”, según la sentencia.

“Después de 3 años de cautiverio, en un estado de incomunicación total por la defensa de mi pueblo y de la dignidad de mi gente, en la búsqueda de la justicia, hoy 17 de julio del 2018 quedo absuelto”, escribió en su página de Facebook. “Gracias a los que creyeron en mí y me apoyaron”, agregó el médico que salió de una cárcel de máxima seguridad en mayo de 2017 y desde entonces estaba en libertad condicional.

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Este médico cirujano fue uno de los fundadores y el portavoz del movimiento de autodefensas que nació en Tepalcatepec, Michoacán, un próspero estado agrícola y minero que permanecía bajo control de los Templarios, una organización criminal con tintes de secta que dominaba vidas, negocios y recursos de sus habitantes a través de la extorsión y el uso de la fuerza. Hartos de su violencia, comenzaron a combatirlos frontalmente.

Durante casi un año, las fuerzas de seguridad federales dejaron actuar a estos grupos armados irregulares –con los que incluso habían realizado operativos conjuntos– pero cuando creció la presión pública ante la infiltración de criminales entre ellos, el presidente Enrique Peña Nieto inició un gran despliegue en el estado y un proceso de regularización de los civiles para que pudieran seguir portando armas y combatiendo al narco de forma legal y controlada.

Este proceso, según Mendoza, fue totalmente irregular porque se entregaron 8.000 armas a quien se autodenominaba “autodefensa” sin tener un marco legal para ello “y les mandaron a hacer labores de policía”.

Muchas de esas personas fueron encarceladas posteriormente, como Mireles, quien siempre insistió en su inocencia. El médico acusó a las autoridades de querer desactivarle porque denunció que les habían traicionado y solo les utilizaron para combatir a los Templarios pero luego les dejaron a su suerte. Mireles siempre insistió en que le fueron colocadas en su camioneta las armas y la droga que las autoridades utilizaron como prueba de cargo en su contra.

Su abogado asegura que un centenar de autodefensas siguen encarcelados por los mismos motivos y otro centenar se encuentra en libertad condicional pero bajo proceso. En su opinión, previsiblemente todos quedarán también absueltos porque los argumentos utilizado para la libertad de Mireles son extrapolables y “hay una exclusión del delito”.

Pese al alzamiento de las autodefensas y su posterior “regularización”, y pese a que los Caballeros Templarios quedaron diezmados, la paz nunca llegó a Michoacán, un estado que sigue desangrándose en luchas entre distintos grupos criminales, muchos nacidos de las cenizas de los Templarios.

Mendoza asegura que el Estado “cobijó y pagó” la guerra contra los Templarios pero “obraron mal, hicieron mal las cosas”. Por eso, anunció que demandarán en tribunales nacionales e internacionales a quienes institucionalizaron “a un grupo de civiles armados de manera irresponsable” y les autorizaron ir con armas que posteriormente pueden haber sido utilizadas para múltiples crímenes.

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