Mediante un programa piloto que se aplica en 10 ciudades se busca acelerar los procesos de deportación para desalentar a la gente de que venga a EEUU a pedir asilo

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LOS ANGELES – Rosita López dijo que pandilleros armados le exigieron dinero a ella y su pareja en una pequeña tienda de comestibles en una localidad costera de Guatemala y amenazaron con matarlos al no poder pagar. Cuando su compañero fue baleado poco después, vendieron todo y se encaminaron al norte.

López estaba en el octavo mes de embarazo cuando llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos el año pasado, con su hija de un año. Un año después, un juez de inmigración de Los Ángeles analizó su caso, les negó el asilo y ordenó su deportación.

“Tengo miedo de volver allí”, le dijo al juez la joven de 20 años, que ahora tiene un bebé nacido en Estados Unidos.

La decisión fue tomada con relativa velocidad en un sistema abrumado por los pedidos de asilo, que generalmente demora años en programar vistas para analizar los casos y más todavía para emitir un dictamen.

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El suyo es uno de 56.000 casos de un programa piloto que se desarrolla en diez ciudades y que busca acelerar los procesos para desalentar a la gente de que venga a Estados Unidos a pedir asilo. El gobierno seleccionó familias de esas ciudades para ensayar el programa.

Abogados de inmigración, que a menudo se quejan de lo mucho que toma conseguir una vista judicial, dicen que la nueva modalidad no da tiempo para preparar a los clientes y conseguir los documentos necesarios para sustentar sus pedidos.

“Las familias que tienen todo listo, que padecieron atrocidades, que están desesperadas y tienen asesores, no consiguen que las vea un juez, y quienes necesitan tiempo para preparar sus casos son atendidos sin recibir el debido proceso”, afirmó Judy London, del Public Counsel, una firma de abogados que trabajan pro bono de Los Ángeles.

El programa es una de las formas mediante las cuales el gobierno de Donald Trump trata desalentar la llegada de decenas de miles de familias centroamericanas que todos los meses se presentan en la frontera, muchas de ellas para pedir asilo. Tribunales federales han bloqueado numerosos intentos de limitar el asilo a familias, incluidas medidas que hubieran evitado que un extranjero solicite asilo si ha pasado por un tercer país.

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Al tratar de acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo el gobierno procura impedir que las familias echen raíces en Estados Unidos mientras esperan una decisión sobre sus pedidos de asilo.

Los inmigrantes pueden conseguir permisos de trabajo de seis meses mientras el gobierno considera un pedido de asilo, pero cuando se da tratamiento acelerado a sus solicitudes, no tendrán tiempo de obtenerlos.

El objetivo es “desincentivar a las familias –la mayoría de las cuales no satisfacen los requisitos para recibir asistencia y terminan recibiendo órdenes de deportación– para que no intenten el peligroso viaje a Estados Unidos”, dijo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un comunicado.

Los tribunales de inmigración se proponen procesar las solicitudes en un año, según escribió James McHenry III, director de la Oficina Ejecutiva para una Revisión de la Inmigración, en un memorando de noviembre.

Entre septiembre y junio, el Departamento de Seguridad Nacional decidió dar trato acelerado a 56.000 casos, de acuerdo con información de esa dependencia, que supervisa los tribunales de inmigración. La mayoría de los casos está pendiente, pero uno de cada cinco inmigrantes no se presentó a la primera audiencia y se ordenó su deportación, según la información disponible.

Los casos que involucran familias avanzan mucho más rápido que la norma en los tribunales de inmigración, que tienen unos 900.000 casos pendientes y generalmente se toman un promedio de dos años para procesarlos, de acuerdo con Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Activistas se quejan desde hace tiempo de que los atrasos impiden a las personas que solicitan asilo iniciar nuevas vidas en Estados Unidos y traer a sus familias.

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No está claro cómo harán los tribunales de inmigración para dar un trato acelerado a los casos de familias. Aunque en los últimos años se ha contratado más jueces de inmigración.

En Los Ángeles algunos jueces de inmigración que procesaban casos de inmigrantes alojados en centros de detención hoy cerrados reciben ahora casos de familias.

En una reciente audiencia, la jueza Tara Naselow-Nahas dio a las familias con pedidos de asilo tres meses para presentar sus casos.

En otra, el juez Frank Travieso recomendó a inmigrantes que se presentaban por primera vez que consiguiesen un abogado para su próxima cita. Examinó los nombres y direcciones de padres e hijos –un niño de siete años que sonreía y una nena de nueve con cabello rojo sostenido por un moño– y de otra media docena de personas.

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Luego revisó otros 46 casos pautados para ese día. Se envió una segunda citación a algunas familias que dijeron no haber recibido la primera. Y se impartieron órdenes de deportación para 14 personas –la mitad de ellos niños– que no habían acudido a sus vistas.

Bernal Ojeda, abogado de inmigración que representa a López, dijo que no sabe si disponer de más tiempo hubiera ayudado a su clienta. López presentó fotos de las heridas de bala de su compañero y el juez le preguntó por qué no habían acudido a las autoridades en Guatemala.

Ojeda dijo que López no apelará su orden de deportación y regresará a Guatemala, donde se encuentra su pareja, quien ya había sido deportado, y tratarán de radicarse en otra ciudad.

Las personas que apelan cuando sus pedidos de asilo son rechazados generalmente se quedan en el país mucho más tiempo. Pero eso no significa nada para quienes buscan protección en Estados Unidos, según el abogado de inmigración de Los Ángeles Joshua Greer.

“No piensan en cuánto tiempo pasa” entre las audiencias, señaló. “Lo que les importa es si están detenidos o no y si son enviados de vuelta o no”.

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