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El gobierno nacional ha alojado a los 14.300 migrantes menores de edad que tiene a su cargo en centros de detención y otras residencias en las que habitan cientos, si no miles, de niños

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Décadas después de que se dejase de internar a los menores en orfanatos atestados porque eso les causaba traumas duraderos, se está repitiendo esa práctica, ahora con niños migrantes: El gobierno nacional ha alojado a los 14.300 migrantes menores de edad que tiene a su cargo en centros de detención y otras residencias en las que habitan cientos, si no miles, de niños.

A medida que se acerca el fin de año, unos 5.400 migrantes menores duermen en refugios con más de 1.000 niños. Unos 9.800 están en instalaciones con al menos 100 menores, de acuerdo con información confidencial del gobierno obtenida y corroborada por la Associated Press. Tres meses después de que Donald Trump asumiera la presidencia, el mismo programa del gobierno tenía 2.720 menores, la mayoría en refugios con pocas docenas de niños o en programas de hogares temporales.

Hasta ahora, se sabía poco acerca de la cantidad de menores que había en cada instalación supervisada por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR). La información obtenida por la AP incluye la cantidad de menores en cada centro de detención, refugio y hogar temporal cada semana los últimos 20 meses y ofrece detalles de un programa que es un componente vital de la política del gobierno de Donald Trump destinada a combatir la inmigración ilegal.

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Los menores permanecen bajo la custodia de la ORR el doble del tiempo que permanecían en enero del 2016, un promedio de dos meses, en parte porque el gobierno incorporó más requisitos para los padres y familiares que se harán cargo de ellos. Eso cambió el martes, cuando las autoridades dejaron sin efecto el requisito de que todos los adultos que viven en un hogar que recibe a niños migrantes presente sus huellas digitales.

Todos deben todavía someterse a controles de antecedentes y los padres sí deben presentar sus huellas. Pero las autoridades dicen que ahora podrán procesar los casos más rápidamente y esperan reducir el tiempo que los menores permanecen bajo su custodia, evitando que los chicos se pregunten si sus padres los han abandonado, como hacen algunos ahora.

“Es un trauma que no vamos a olvidar”, dijo Cecilio Ramírez Castañeda, un salvadoreño que fue separado de su hijo de 12 años, Omar, cuando ambos fueron detenidos en junio bajo la política de “tolerancia cero” del gobierno, que hizo que casi 3.000 menores fuesen separados de sus familias. Omar temía que su padre se hubiese desentendido de él porque permaneció cinco meses en un refugio de Texas.

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Ramírez se reunió con Omar el mes pasado y se enteró de que su hijo había estado hospitalizado con síntomas de depresión y que se había roto un brazo mientras estuvo a cargo del gobierno. “Es un sistema que causa daños irreparables”, sostuvo Ramírez.

Expertos afirman que la ansiedad y la desconfianza que sufren los menores cuando están encerrados puede causar trastornos mentales y físicos duraderos. Sobre todo con los más pequeños, los que pasan bastante tiempo en esos centros y los que son alojados en sitios atestados donde reciben poca atención personal.

“Esto es un desastre moral”, manifestó Jack Shonkoff, director del Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard. “Estamos aplicando castigos a niños inocentes que se harán sentir toda su vida”.

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Funcionarios del gobierno dicen que se han visto obligados a ampliar la cantidad de camas disponibles para menores migrantes de las 6.500 de hace un año a las 16.000 de hoy. Alojar a los menores en sitios grandes, si bien no es lo preferible, es mejor que la alternativa, que sería tenerlos más tiempo en instalaciones de la Patrulla de Fronteras, de acuerdo con Mark Weber, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa la ORR.

“Hay una gran cantidad de niños, es una situación compleja. Nos esforzamos por asegurarnos de que se los atiende bien y se los ubica responsablemente”, aseguró.

Weber confirmó una cifra de la población de los refugios que consiguió la AP. Periodistas de la agencia, por otro lado, contactaron a más de una docena de programas que tienen contratos con la ORR y cotejaron cifras reunidas previamente.

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Los chicos en estos programas van desde pequeños de uno o dos años hasta adolescentes de 17. La gran mayoría cruzaron la frontera sin sus padres, aunque algunos fueron separados de sus familias en la frontera este año.

La atención que reciben varía en esta invisible red que abarcó hasta 150 instalaciones de 17 estados en los últimos 20 meses. Hay instalaciones en Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Virginia y Washington. Algunos menores viven en hogares temporales y ven obras en Broadway, mientras que otros residen en carpas en el desierto de Texas.

A través de decenas de entrevistas y de evaluación de datos, la AP comprobó que:

– Hacia el 17 de diciembre, unos 9.800 menores estaban alojados en instalaciones con más de 100 niños. De ellos, 5.045 se encontraban en tres instalaciones con más de 1.000 niños en Texas y la Florida.

– Texas es el estado que registró el aumento más grande en la cantidad de menores bajo custodia de la ORR. Tenía unos 8.700, comparado con los 1.368 de abril del 2017. Nueva York es el segundo con el incremento más grande: 1.650 chicos, comparado con los 210 de abril del año pasado.

Decenas de instituciones que alojan menores han sido demandadas o recibido castigos por maltratar a los chicos. Ahora surgen nuevas demandas de abogados que quieren conseguir la liberación de los menores. Muchos de estos niños se preparan para pasar sus primeras navidades sin sus familias.

Manuel Marcelino Tzah, un guatemalteco cuya hija Manuela, de 12 años, fue separada de él y alojada por casi dos meses en una instalación de Houston, dice que su familia todavía no supera el trauma de la separación.

“A veces ella se acuerda de todo y la embarga la tristeza”, dijo Tzah, quien está a la espera de que se resuelva su caso en un tribunal de Nueva York, cerca de su casa, en Brooklyn. “Le dijo que lo que pasó, pasó, y que ahora que estamos aquí tenemos que luchar por una vida mejor”.

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