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Biografía del columnista

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El pasado 1 de diciembre se cumplieron dos años de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México. El balance obligado se hubiera concentrado en las reformas, en el avance de los paquetes legislativos, en la poderosa agenda reformista puesta en práctica por el régimen y consolidada por partidos, pactos y alianzas.

Sin embargo, los últimos dos meses han trastocado el tren reformista, prácticamente, descarrilado. El tema en México no es ya el avance de las reformas, los alcances en Telecomunicaciones o Energía, los últimos dos meses han transformado el rostro político, social e internacional del país.

El mismo día 1º miles de manifestantes recorrieron plazas y calles en más 25 ciudades del país. El tema recurrente es la demanda por la aparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. A esta demanda, legítima, justificada, que cuestiona el aparato de justicia, la estructura de los poderes, las complicidades ominosas en partidos y gobernadores, se suma ahora un señalamiento constante, repetido: la renuncia de Enrique Peña Nieto.

A la par de estas manifestaciones, surgen grupos oscuros, enmascarados, que se auto llaman anarquistas, cuya función es violentar la protesta, romper negocios, comercios, cajeros bancarios, aparadores y escaparates. No agreden a la gente, simulan pertenecer a los contingentes cuya conducta es esencialmente distinta, protestar en paz, en tranquilidad, con un mensaje ciertamente poderoso, pero sin violencia.

Las imágenes en televisión los retratan como unos vándalos de la más baja calaña, que rompen y destruyen sin motivo ni razón, sólo por el propósito específico de crear un entorno de elevada inconformidad que no es congruente con el discurso de las marchas.

Las más violentas han tenido lugar en Guerrero, en ciudades como Iguala y Chilpancingo donde han quemado la sede del Congreso estatal, las Presidencias Municipales, oficinas de gobierno, casa de funcionarios y muchos inmuebles más.

No escapa a analistas y observadores, la oscura mano de diversas fuerzas políticas que puedan, con toda intención y estrategia, provocar estos desmanes para incendiar el ambiente político y social.

En este marco, la demanda en torno a la renuncia del Presidente Peña resulta desproporcionada, no solamente por que él y su gobierno no son directos responsables de la crisis de los estudiantes ni la colusión de funcionarios –todos del PRD- con el narcotráfico. Pero hoy, a dos meses de los incidentes, los señalados como responsables intelectuales –el Presidente Municipal Abarca de Iguala y su esposa- están en la cárcel, y otros 75 elementos policíacos y autores materiales de los crímenes.

Los exámenes forenses se realizan en Innsbruck, Austria, para determinar si los restos corresponden a los jóvenes. Hasta que esos datos no lleguen el expediente no podrá cerrarse. Los dos años, quedaron arrastrados y señalados por una ola de inconformidad y señalamiento, en buena medida, capitalizado por oponentes políticos.

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