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Hace dos meses, México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado. Los actos inhumanos y de barbarie ocurridos en Guerrero, han conmocionado a toda la Nación. El asesinato de 6 personas, las lesiones a 20 más y la privación de la libertad de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por policías y autoridades municipales al servicio de la delincuencia organizada, nos han indignado y agraviado profundamente.

La Presidencia de la República ha reiterado su obligación de encabezar los esfuerzos institucionales para conocer la verdad de estos hechos; asegurar que NO haya impunidad, que todos los culpables sean castigados conforme a Derecho; y que se dé la reparación integral a las víctimas. Simultáneamente, el Gobierno ha desplegado un amplio operativo para localizar a los jóvenes normalistas, haciendo uso de todos los medios y capacidades institucionales.

A la fecha, se ha detenido y puesto a disposición de la justicia a 79 probables responsables, incluyendo a los autores intelectuales, así como al líder y a los principales operadores del grupo criminal que cometió estos actos brutales. En un hecho inédito de apertura y transparencia, el Gobierno de la República solicitó, por primera vez en la historia, la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para localizar a los normalistas e investigar los hechos.

Desde inicios de esta administración se definió como primer Eje de Acción del Gobierno, lograr un México en Paz para terminar con la inseguridad y la violencia, que robaban la paz y libertad de diversas comunidades del territorio nacional; los esfuerzos realizados son importantes. Sin embargo, a pesar de lo alcanzado, los hechos de Iguala han dejado claro a todos, a sociedad y gobierno, que aún hay mucho por hacer. Sólo a través del Estado de Derecho, podremos superar juntos, los retos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia, se ha anunciado una serie de medidas específicas, dentro de las cuales destacan: 1) La iniciativa de una Ley que establezca el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada; 2) La creación obligatoria de Policías Estatales Únicas, que permita pasar de más de 1,800 policías municipales débiles, a 32 corporaciones sólidas de seguridad estatal; 3) La creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional; 4) El establecimiento de una Clave Única de Identidad; 5) Impulsar acciones y reformas adicionales, para hacer efectivo el derecho humano a la Justicia; 6) Facultar al Congreso para crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética; 7) Continuar promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, esenciales en un Gobierno Abierto; 8) Establecimiento de un Programa de desarrollo económico y social para los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El camino hacia un mejor México, NO ha sido, ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia. Los momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las naciones. Frente a las circunstancias que nos han tocado vivir, demostremos, una vez más, la unidad, el carácter y la determinación de los mexicanos.

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