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El espíritu transformador que ha distinguido al gobierno de Enrique Peña Nieto en México y que ciertamente le ha significado no pocos elogios y reconocimientos, más en el extranjero aunque también en México, enfrenta ahora el grave problema de concretar lo que se escribió en la ley y que el Congreso aprobó.

Dos casos ocupan hoy la atención pública y el despliegue mediático: el caso de la reforma en telecomunicaciones y el de la reforma en educación.

En el caso de la primera se da el enfrentamiento campal entre los dos consorcios de telecomunicación más importante no sólo de México, sino tal vez de América Latina: Televisa y Telmex-Telcel-América Móvil. Ambas empresas fueron declaradas como actores preponderantes por el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que las coloca en una categoría jurídica que les impide competir o concursar por nuevas frecuencias. El gobierno ha anunciado la licitación de dos nuevas cadenas de televisión privadas y una de televisión pública. Televisa y Telmex estarán impedidos para concursar, además de poner en práctica una serie de medidas encaminadas a emparejar el terreno de la competitividad en el sector. Telcel por ejemplo, estará obligado a compartir su infraestructura de interconexión con otras compañías de telefonía celular, sin costo alguno para no incrementar las tarifas de sus competidores y de facto, sacarlos del mercado. Televisa por su parte deberá compartir instalaciones de radiodifusión en la República Mexicana para televisoras de menor envergadura que requieran de esos servicios. Ambas empresas han interpuesto recursos legales para impedir que la reforma se aplique en los términos que han sido aprobados.

El propósito es eliminar prácticas monopólicas que ambas empresas, por su extensa participación de mercado, han consolidado en México.

El caso de la reforma educativa es igualmente delicado: ya convertida la reforma en texto constitucional, corresponde a cada estado de la República implementar cada medida. Y ahí es donde cada gobierno y cada estado hace concesiones al sindicato, modifica los términos de la ley e incluso, asume posturas contra reforma. En Sonora los maestros podrán seguir cobrando aún cuando disfruten una licencia laboral; en Chiapas o Querétaro les conceden a los maestros que han reprobado tres veces su examen de evaluación, ser reubicados en la misma zona escolar, contrario a lo que establece la reforma; en Nuevo León, Sonora y Tamaulipas se crearon comités de "transparencia" que integran a autoridades educativas locales con representantes del sindicato, para vigilar los proceso de evaluación cuando según la reforma el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) es el único facultado legalmente para hacerlo.

Lo que hoy vivimos, es la reacción de grupos de interés en cada sector, que pierden privilegios y que pretenden ejercer toda la presión a su alcance para detener, retrasar o impedir que las reformas se apliquen.

Todo proceso de cambio registra resistencia, justamente por parte de los afectados. Competir en igualdad de circunstancias, evaluarse y conservar la plaza por la capacidad o competencia, son compromisos del gobierno de Peña. Ahora tendrá que hacerlos cumplir.

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