Esta norma penaliza a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales

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Austin, TX.- El Concejo de Austin aprobó el viernes de manera casi unánime llevar al estado de Texas a la corte federal por la ley que prohíbe las "ciudades santuario" recientemente ratificada por el gobernador sureño, el republicano Greg Abbott.

Esta norma penaliza a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.

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Asimismo, contempla penas de cárcel para los sheriffs que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales y sanciones económicas que alcanzan los 25.000 dólares.

Si los tribunales no lo impiden antes, esta polémica norma entrará en efecto el próximo 1 de septiembre, según marca el procedimiento de la Legislatura texana.

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Tras una votación con los demócratas a favor y los republicanos en contra (10-1), el Concejo de la capital texana aprobó una resolución que instruye al administrador de Austin a buscar un litigio y una defensa "efectivos" para la batalla legal contra la ley SB4, reza el documento.

"Cuando mis compañeros y yo juramos servir en la Alcaldía de Austin, prometimos proteger, preservar y defender la constitución de los Estados Unidos", indicó tras el sufragio el concejal demócrata Greg Casar.

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En este sentido, el líder local de origen mexicano dijo que este compromiso incluye "la lucha contra los mandatos inconstitucionales del propio gobernador de Texas".

Casar añadió que espera que la votación de hoy "inspire" a más ciudades y condados del estado de la estrella solitaria para que decidan combatir esta ley en los tribunales, con el objetivo de "defender los derechos de todos los miembros de la comunidad".

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La pugna por esta cuestión entre el estado de Texas, Austin y el condado de Travis se remonta a principios de febrero, cuando el estado cortó la financiación a la Oficina del Alguacil de este condado, después de que la sheriff, Sally Hernández, tomase la decisión de limitar su colaboración con los funcionarios de inmigración en la detención de indocumentados.

Asimismo, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, demandó a principios de mayo a este mismo condado, cuya capital es Austin, por estas políticas "santuario" implementadas en el corazón del estado sureño.

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"Las autoridades locales de todo Texas tienen el claro deber de continuar deteniendo a los indocumentados y sospechosos de ser extranjeros criminales de conformidad con los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)", expresó Paxton en un comunicado en referencia a la demanda interpuesta hace diez días.

En una columna publicada el viernes por el Texas Tribune, el alcalde de Austin, el demócrata Steve Adler, apuntó sus deseos de enfrentarse al estado de Texas en la corte federal.

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"Me alegra que vayamos a los tribunales", aseveró el alcalde, quién celebró que sea un juez federal quién tenga que decidir si debe ser la nación o el estado de Texas quién determine la política migratoria.

Hasta ahora, el municipio fronterizo de El Cenizo y el condado de Maverick eran las únicas autoridades locales que habían interpuesto una demanda contra el estado de Texas.

Sin embargo, además de la decisión tomada el viernes por la Alcaldía de Austin, se espera que la semana que viene tomen la misma decisión los dirigentes de El Paso y Dallas, mientras que San Antonio y Houston también podrían sumarse a la batalla legal próximamente. 

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