Aunque no tiene ningún récord criminal y nunca ha tenido problemas con la policía, viven con temor sobre todo después del anuncio de las nuevas directrices

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Tucson, AZ.- El temor y la incertidumbre se extiende entre una comunidad indocumentada con más preguntas que respuestas sobre si son o no una prioridad de deportación tras el anuncio de las nuevas directrices migratorias de la Administración Trump.

"No entiendo porqué tanta saña en contra de nosotros, el presidente Trump nos considera como si fuéramos lo peor de este país, no toma en cuenta nuestro trabajo, nosotros no le hacemos daño a nadie", manifestó a Efe Rosario Fuentes, inmigrante indocumentada mexicana que lleva 12 años viviendo en el país.

Aunque no tiene ningún récord criminal y nunca ha tenido problemas con la policía, Fuentes vive con temor sobre todo después del anuncio de las nuevas directrices en materia migratoria realizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El memorando, divulgado y firmado este martes por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan "abusado" de los beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional".

"Yo he pedido seguro médico para mis hijos, los dos son ciudadanos, no sé si eso me pone en peligro de deportación", preguntó Fuentes con dudas si eso entra en el marco de "abuso de los beneficios públicos" y por ello no sabe si debe renovar los servicios médicos para sus hijos o no.

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uentes indicó que lo que más le preocupa en estos momentos es quien se hará cargo de sus hijos si un día se la lleva "la migra".

El DHS también confirmó el martes que se amplió el criterio de deportación a aquellas personas que tengan menos de dos años viviendo en Estados Unidos.

El endurecimiento de las medidas migratorias ordena a agentes a capturar, identificar y deportar rápidamente a los "inmigrantes ilegales".

Durante un foro legal celebrado la noche del martes en la ciudad de Tucson, Arizona, donde reinó la incertidumbre, varias familias dijeron estar confundidas sobre los tipos de delitos que podrían conducir a su deportación.

Sandra Castro, una de las que asistieron, dijo que es madre de un hijo, de 19 años de edad, que lleva tres meses detenido en el Centro de Detenciones de Eloy en Arizona, acusado de un delito menor.

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"Mi hijo fue a corte y el juez le dijo que solo haría trabajo comunitario, pero ahí mismo fue detenido por ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas)", reveló.

La mujer indicó que ahora no sabe si su hijo es una prioridad para ser deportado y aseguró que tiene miedo que de un momento a otro lo "saquen" a México.

"Cada vez que lo llamo me dice que las cosas están muy difíciles allá adentro (en el centro de detenciones), me cuenta que está llegando mucha gente y que también están sacando mucha gente, especialmente en las noches", relató.

Maurice Goldman, representante de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en el sur de Arizona dijo a Efe que las familias inmigrantes están confundidas con los nuevos cambios por lo que la mejor recomendación es que cada persona busque representación legal.

"Lo más importante que entiendan es que a pesar de ser indocumentados tienen derechos en este país, el derecho a permanecer callados cuando son detenidos y solicitar hablar con un abogado", explicó Goldman.

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Aseguró que saber sus derechos puede ser la diferencia entre ser deportado o permanecer en este país.

Las nuevas directrices del servicio de inmigración en efecto cayeron como un balde de agua fría para muchos inmigrantes como Juan González, un inmigrante indocumentado que lleva 25 años viviendo en el país.

El inmigrante tiene una hija estadounidense, la cual podría presentar una solicitud de residencia a su nombre, pero debido a que entró de manera ilegal corre el riesgo de ser castigado hasta por 10 años, lo que le impediría regresar con su familia.

Durante todos estos años, el inmigrante ha mantenido la esperanza de que se apruebe una reforma migratoria que le permita regularizar su estatus migratorio en este país.

"Nos están tratando como criminales, es triste ver que un país al que le has dando tantos años de trabajo, no te puede dar una oportunidad, no quiero la ciudadanía estadounidense, solo quiero un 'papel' que me permita vivir y trabajar sin este miedo de que de un momento a otro te puedan deportar", enfatizó.

Organizaciones proinmigrantes y de defensa de derechos humanos a través de todo el país preparan clínicas y foros informativos donde hablarán a la comunidad inmigrante sobre sus derechos y como prepararse en caso de ser detenidos por inmigración.

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