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El viernes se presentó en la corte federal de Phoenix una demanda en contra del estado de Arizona que alega violaciones constitucionales por las elecciones primarias del 22 de marzo.

La demanda, que pide reformas al sistema electoral en Arizona, fue presentada por ocho residentes de Arizona (cuatro de llenos son latinos) y el Comité Nacional Demócrata, el Comité Demócrata de Campañas Senatoriales, el Partido Demócrata de Arizona, y la campaña de la congresista Ann Kirkpatrick para el Senado. Las campañas presidenciales de los demócratas Bernie Sanders y Hillary Clinton declararon su apoyo a la demanda.

“Los derechos y privilegios de los demandantes serán afectados irreparablemente sin la intervención de la Corte”, argumentaron abogados en la demanda. “A menos que la Corte actúe rápidamente para prohibir de manera preliminar y permanente estas políticas, prácticas y procedimientos [en Arizona], los demandantes, sus miembros, electores y otros numerosos votantes calificados de Arizona encontrarán su derecho al voto gravemente agravado, y en muchos casos, totalmente negado, el noviembre próximo en las elecciones generales”.

¿Por qué demandan?

La demanda se enfoca en tres hechos principales que los demandantes dicen continuarán marginalizando a minorías y agravando el derecho al voto en Arizona si no son acatados y supervisados por la corte:

  1. Al asignar las sedes de votación, el Condado de Maricopa no consideró cómo se verían afectados los votantes hispanos, afro-americanos y nativo-americanos por las ubicaciones de las casillas. Esto resultó en un impactó disparejo y discriminatorio en su acceso al voto, argumenta la demanda. Los demandantes proponen que la asignación de las sedes de votación sea supervisada por entidades federales. 
  2. Las prácticas del estado de Arizona de rechazar boletas provisionales de votantes que votan por fuera de su distrito electoral significa una marginalización total de ciertos votantes. Los demandantes proponen que se rechace esa práctica y que todos las boletas sean válidas en todas las elecciones si son emitidas por un ciudadano registrado para votar.
  3. La ley HB 2023, aprobada en marzo del 2016 para prohibir la colecta organizada de boletas de votación temprana (que entrará en vigor en julio del 2016), pone una carga severa en el derecho de los personas y organizaciones comunitarias en Arizona de asistir a los votantes a presentar su boleta, teniendo un impacto disparejo en votantes hispanos, afroamericanos y nativo-americanos en Arizona. Piden que esta ley no se implementada.

Qué no se implemente ley de recolecta de boletas electorales

La ley HB 2023 penaliza con una felonía clase 6, hasta un año de cárcel y 150 mil dólares en multas a personas que colecte la boleta de votación temprana de otra persona.

Abogados que plantearon que está nueva ley afecta los derechos constitucionales protegidos por la Primer Enmienda porque prohíbe a grupos políticos de organizarse y ejecutar actividad en política.

Además, también presentaron que esta ley atenta contra la Cláusula de Protección Igualitaria de la Catorce Enmienda de la Constitución porque se “deja por fuera a un sector de la población por la manera en la que votan”.

“La promulgación de esta prohibición no sólo interfiere con el derecho de las personas a votar, pero, significativamente, niega a miles de votantes elegibles este derecho fundamental, sobre todo a los votantes hispanos, afroamericanos y nativos-americanos, que han dependido históricamente de este método de votación para combatir la larga historia de discriminación en Arizona”, plantearon abogados de los demandantes.

La demanda fue presentada en contra del Procurador General Mark Brnovich de Arizona, la Secretaria de Estado Michele Reagan, la Directora del Registro Helen Purcell del Condado de Maricopa, la Directora de Elecciones Karen Osborne del Condado de Maricopa, y toda la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa.

Contacte a la reportera: laura.gomez@lavozarizona.com

Twitter: @Laura_GomezRod

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