Jessica Rubio Rincon y Adriana Garcia Maximiliano, ambas beneficiarias del programa DACA, se arriesgaron con su manifestación a perder su beneficio, según un abogado

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El miércoles cinco manifestantes fueron arrestados por el Departamento de Seguridad Pública durante una protesta en la Torre Ejecutiva del Capitolio Estatal.

La organización Puente, que convocó a la manifestación “Ducey Vete el Odio”, informó que Heather Hamel, Jessica Rubio Rincon, Adriana Garcia Maximiliano y Maria Castro estaban bloqueando la entrada del edificio como acto de desobediencia cívica y fueron arrestadas por traspaso criminal. Las autoridades tambien arrestaron a Carlos Garcia, director ejecutivo de Puente, por  “conspirar al traspaso criminal”. Todos ellos fueron liberados más tarde.

Rubio Rincon y Garcia Maximiliano son beneficiaras del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) informó Francisca Porchas, directora de organizadores para Puente.

Traspaso criminal es un delito menor clase 3 y no debería poner en riesgo el estatus de DACA de las manifestantes, pero según el abogado en inmigración Ray Ybarra Maldonado las ‘dreamers’ se arriesgaron a posiblemente perder su estatus y ser deportadas.

“DACA es discrecional y puede ser revocado en cualquier momento y por cualquier razón. Alguien que tiene DACA tiene la promesa de que no van a ser deportados del país, pero el gobierno puede decidir deportarla”, explicó Ybarra Maldonado. “Pero según los requisitos (para calificar a DACA) un delito menor clase 3 no debería ser un problema”.

'Nuestra comunidad está en grave peligro' 

La manifestación del miércoles se centró en exigir que el Gobernador Doug Ducey de Arizona vete una serie de medidas legislativas en inmigración que grupos comunitarios, líderes religiosos, y empresarios latinos han calificado como perjudícales y divisivas.

Antes de la protesta, Garcia Maximiliano explicó que manifestó porque “nuestra comunidad todavía está en grave peligro de ser señalada, perfilada racialmente, criminalizada, encarcelada y deportada”.

“Tomé la decisión de participar en el acto de desobediencia cívica en la oficina del Gobernador Ducey porque he visto como ha rápidamente firmado otros proyectos de ley conservadores tan pronto como llegan a su escritorio”, dijo Garcia Maximiliano. “No me puedo quedar sentada y esperar a que el Gobernador falle en responder al llamado de la comunidad por un veto al HB2451 y al resto de las propuestas legislativas anti-inmigrantes que se dirigen a su escritorio”.

Ducey firmó el jueves en la tarde la medida HB 2451  que hace más estrictas las sentencias a reos inmigrantes con órdenes de deportación.

Según The Arizona Republic, esta nueva ley afecta alrededor de mil reclusos en Arizona y tiene un costo estimado al estado de 16.7 millones de dólares al año por mantener a los reos indocumentados en las cárceles por más tiempo.

Puente informó que Rubio Rincon y Garcia Maximiliano fueron fichadas por inmigración durante su procesamiento en la Cárcel de la Cuarta Avenida en Phoenix. Rubio Rincon fue puesta en libertad en jueves y se anticipa que Garcia Maximiliano también salga pronto de la cárcel.

Entérese:

Medidas legislativas en inmigración que han rechazado varios grupos locales

  • SB 1377, propuesta por el Senador Steve Smith de Maricopa, este plan negaría acceso a inmigrantes indocumentados condenados por un delito grave a la libertad condicional, la suspensión de la condena, supervisión de la comunidad o la libertad anticipada.
  • HB 2223, presentada por el Representante Jay Lawrence, este proyecto propone penalizar a las “ciudades santuario” en Arizona. Las "ciudades santuario" protegen a los residentes de las autoridades federales de inmigración.
  • HB 2370 prohibiría al estado de usar recursos financieros y humanos para reubicar a refugiados y a menores no ciudadanos no acompañados, a menos de que el estado apruebe su reubicación y el gobierno federal se comprometa a reponer los gastos asumidos por el estado. 
  • HB 2451 revoca un estatuto que permite a los prisioneros con una orden de deportación de ser entregados al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de servir la mitad de su sentencia. Éste plan fue aprobado por Ducey el 31 de marzo. Bajo la nueva ley, los prisioneros tienen que cumplir el 85 por ciento de la sentencia como los demás prisioneros sin órdenes de deportación. 
  • HB 2024 eliminaría una provisión que requiere que un miembro del público asuma los costos legales cuando presenta y pierde una demanda en contra de una agencia gubernamental de Arizona, una ciudad o condado sobre leyes en inmigración.

Contacte a la reportera: laura.gomez@lavozarizona.com

Twitter: @Laura_GomezRod

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