El 10 de agosto inicia un juicio en su contra por una demanda del Departamento de Justicia federal en la que se afirma que cometió diversas violaciones a los derechos civiles

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PHOENIX, Arizona— Un espinoso caso de desacato a la corte que agobia a Joe Arpaio no es el único problema legal importante que enfrenta el jefe policial del condado Maricopa este año.

El 10 de agosto inicia un juicio en su contra por una demanda del Departamento de Justicia federal en la que se afirma que cometió diversas violaciones a los derechos civiles, e incluye acusaciones de que su oficina discriminó a los hispanos y tomó represalias contra sus detractores.

El caso del Departamento de Justicia es distinto de la demanda contra Arpaio por encasillamiento racial que interpusieron activistas en pro de los derechos de los inmigrantes. El jefe policial perdió ese caso hace dos años cuando un juez concluyó que sus agentes se enfocaban en los latinos en sus operaciones de tránsito y de inmigración.

El caso de encasillamiento se ha extendido para abarcar también desacato a la corte contra Arpaio porque desobedeció órdenes del juez del caso, algo que el jefe de policía ha reconocido.

No obstante, el caso de desacato está detenido después de que Arpaio pidió que el juez que lo preside sea retirado del mismo.

FOTOS: El alguacil Joe Arpaio a través de los años

La demanda del Departamento de Justicia argumenta que la oficina del jefe policial tomó represalias contra los críticos de sus políticas para regular la inmigración, y contra funcionarios del condado y jueces que se enfrentaron a Arpaio en disputas legales y políticas.

También alega que la policía a cargo de Arpaio ha discriminado a latinos en redadas a empresas en las que se buscaba combatir el robo de identidad, y castigaba a reos hispanos que tenían dificultades para hablar inglés por comunicarse en español.

El caso del Departamento de Justicia también afirma que los agentes de Arpaio incurrieron en encasillamiento racial.

La jueza federal Roslyn Silver está sopesando una solicitud para permitir que el fallo en el caso de encasillamiento racial se sostenga como el fallo de las acusaciones del Departamento de Justicia de que hubo actividades policiales discriminatorias. Si la solicitud es concedida, de todas formas la agencia enfrentaría el resto de las acusaciones por parte del Departamento de Justicia.

El jefe policial ha refutado las acusaciones y ha dicho que la investigación es un ataque con tintes políticos por parte del gobierno del presidente Barack Obama.

El Departamento de Justicia no está buscando una indemnización monetaria, sino que desea una orden que exija cambios en las políticas. Hasta ahora, los contribuyentes del condado Maricopa han pagado 4,7 millones de dólares en honorarios de abogados en este caso.

Se pronostica que el caso de encasillamiento racial le cueste a los contribuyentes 45 millones de dólares para mediados del próximo año, y se espera que el monto crezca bastante más.

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