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TUCSON, Arizona - La mejor manera de combatir la inmigración irregular es tomar acciones legales en contra de los empleadores de los indocumentados en todo el país, según el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, en ingles).

"La presente administración está tomando el camino equivocado en varias cuestiones relacionadas con la seguridad fronteriza", dijo a Efe Shawn Moran, vicepresidente de la NBPC.

En su opinión, la Administración del presidente Barack Obama aparentemente no está interesada en combatir la contratación de indocumentados.

Moran calificó como un buen inicio la puesta en marcha de programas federales como el E-verify, que cual permite a los empleadores verificar el estatus migratorio de las personas que contratan, pero, dijo, son necesario más pasos.

"Este programa es solo una parte; realmente creemos que debe de haber fuertes acciones legales. Si los empleadores temieran contratar indocumentados no lo harían, sin embargo, actualmente hay muy pocas consecuencias legales para aquellos que los emplean", aseguró en entrevista telefónica.

El sindicato nacional, que representa a más de 17.000 agentes de la Patrulla Fronteriza, se opone además a la órdenes ejecutivas que Obama anunció en noviembre pasado y que impedirían la deportación de unos cinco millones de indocumentados, pues bajan la moral de los oficiales.

En su opinión, la Acción Diferida (DACA), que ya dio permiso temporal de residencia y trabajo a más de medio millón de "soñadores", y la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que protegería de la deportación a cinco millones de indocumentados con hijos ciudadanos o residentes legales, fomenta además la inmigración irregular.

"Si la gente cree que pueden venir a este país de manera ilegal y que se le permitirá quedarse, seguirán viniendo. Creo que eso está en contra de todas las leyes que tenemos", aseguró el vicepresidente de NBPC.

El congresista demócrata por Arizona Raúl Grijalva se mostró en desacuerdo con estas afirmaciones del NBPC e indicó que el sindicato de la Patrulla Fronteriza siempre ha estado en contra del presidente Obama.

"Estas quejas sobre la implementación de DACA ni siquiera las cortes las quisieron escuchar", dijo Grijalva a Efe.

En su opinión, solo utilizan estos argumentos para seguir pidiendo más recursos, más dinero, más horas de trabajo, a pesar de la considerable reducción en el número de arrestos de indocumentados a lo largo de la frontera con México.

Entre el 1 de octubre de 2014 y el pasado 1 de junio, 22.869 menores sin acompañante fueron detenidos en la frontera con México, el 51 % menos que en el mismo período del año pasado, mientras que 20.850 personas fueron interceptadas mientras trataban de realizar el cruce en compañía de un familiar, el 47 % menos que en el mismo período del pasado año fiscal.

Por otra parte, el vicepresidente de NBPC calificó como la cosa más "loca" la reciente petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de Arizona de que las llamadas al número de emergencias 911 que realicen inmigrantes indocumentados que se encuentran en el desierto no sean enviadas a la Patrulla Fronteriza.

"Además de ser una agencia que aplica las leyes migratorias, la Patrulla Fronteriza es la organización 'humanitaria' más grande en la frontera cuando se trata de rescates de inmigrantes indocumentados", enfatizó Moran.

Por ello, consideró que solicitar que estas llamadas no sean enviadas a la Patrulla Fronteriza pondría en riesgo todavía más las vidas de los inmigrantes, lo que incrementaría el número de muertes en el desierto y las montañas.

"Cuando una persona está en peligro de muerte, creo que lo menos que le preocupa es ser arrestado", puntualizó el funcionario.

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