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WASHINGTON, D.C.— Durante casi tres meses a partir de junio, el gobierno del presidente Obama evitó cuidadosamente responder a preguntas sobre lo ocurrido con decenas de miles de familias inmigrantes sorprendidas cruzando ilegalmente la frontera con México y liberadas en Estados Unidos con instrucciones de informar a las autoridades de inmigración.

El Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y otros funcionarios dijeron que se enfrentaban a la deportación, pero esas decenas de miles de inmigrantes no siguieron las órdenes del gobierno de reunirse con agentes federales de inmigración en 15 días. En su lugar, desaparecieron sin dejar rastro dentro de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional reconoció en privado que alrededor del 70% de las familias de inmigrantes no se presentó ante las autoridades como se les había pedido. La revelación se produjo durante una reunión confidencial en su sede de Washington con abogados de inmigrantes que participan en un grupo de trabajo federal sobre políticas de detención e imposición.

The Associated Press obtuvo una grabación de audio de la reunión del miércoles y entrevistó por separado a los participantes.

En la grabación, el gobierno no especificó el número total de familias puestas en libertad en Estados Unidos desde octubre. Ya que solo unos pocos cientos han sido devueltos a sus países de origen y los centros de detención estadounidenses pueden acoger solo a 1.200 miembros de familias, la cifra del 70% sugiere que el gobierno dejó ir a aproximadamente 41.000 integrantes de familias migrantes que luego no se presentaron ante las autoridades.

El responsable, que no fue identificado por su nombre en el audio, también dijo que se había ordenado la deportación final para al menos 860 personas que viajaban como las familias capturadas en la frontera desde mayo, pero que solo 14 habían sido efectivamente expulsadas.

El Departamento de Seguridad Nacional no discutió la autenticidad de la grabación.

The Associated Press informó en junio de que la administración no quiso revelar públicamente cuántas familias migrantes de Centroamérica habían sido retenidas entrando ilegalmente en Estados Unidos en los últimos meses ni cuántos se presentaron ante el gobierno 15 días después y añadió que altos cargos estadounidenses familiarizados directamente con el asunto, incluyendo en Seguridad Nacional y la Casa Blanca, habían eludido responder en al menos siete ocasiones en dos semanas diciendo alternativamente que no conocían la cifra o no la tenían a mano.

Más de 66.000 inmigrantes viajando con sus familias, la mayoría madres con hijos pequeños, han sido detenidos en la frontera desde el inicio del ejercicio presupuestario el pasado octubre. De ellos, 60.000 proceden de Honduras, El Salvador y Guatemala y no pueden ser repatriados inmediatamente, por lo que el gobierno tiene q liberarlos en Estados Unidos e instarlos a presentarse ante la oficina de inmigración más cercana en 15 días.

Legisladores republicanos han criticado la decisión del gobierno de liberar a los migrantes detenidos al cruzar la frontera en forma ilegal.

"Dada la incapacidad de este gobierno para aplicar nuestras leyes de inmigración, no es casual que el 70% de las familias liberadas se arriesguen a permanecer aquí y no comparezcan ante las cortes", dijo el presidente de la Comisión Judicial de la cámara baja, Bob Goodlatte.

La alta proporción de los que no se presentaban fue una de las razones por las que el gobierno abrió en junio un centro de detención temporal para familias en Artesia, Nuevo México.

Posteriormente, una cárcel para inmigrantes en Texas fue convertida para familias con capacidad para 530 personas. Se abrirá un centro similar en Texas en los próximos meses. Antes de Artesia, el gobierno sólo podía alojar a un centenar de personas en su único centro de detención para familias, en Pennsylvania.

Defensores de los inmigrantes se han quejado de que los nuevos centros de detención castigan a los inmigrantes que en última instancia podrían obtener una respuesta positiva a sus solicitudes de asilo legales para permanecer en Estados Unidos. En la reunión, también cuestionaron si los funcionarios de inmigración habían instruido de manera clara y correctamente a los inmigrantes para presentarse ante los agentes federales dentro del plazo de 15 días.

El funcionario del ICE dijo que era necesario detener a las familias para asegurarse de que no desaparecieran dentro de Estados Unidos. Animó a los grupos de apoyo a ayudar a encontrar formas de asegurar que los inmigrantes se reporten ante los agentes federales como se les ordena, de modo que el gobierno pueda empezar a procesar sus casos, incluyendo cualquier solicitud para permanecer en Estados Unidos con autorización legal.

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