Desde hace casi 10 años, los habitantes de la comunidad mantienen una disputa legal por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan

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CIUDAD DE MÉXICO.- Poco después de recibir una llamada de aviso de sus vecinos, Antonio García vio cómo las autoridades desalojaban y destruían su casa; él es uno de los habitantes de la comunidad indígena mexicana de San Francisco Xochicuautla, cuyos terrenos están en riesgo por la construcción de una autopista.

Desde hace casi diez años, los habitantes de la comunidad, ubicada en el central Estado de México, mantienen una disputa legal por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, de la que se encarga Autopistas de Vanguardia, una empresa perteneciente al Grupo Higa.

Están en peligro algunos de los domicilios de esta comunidad otomí, que alberga a 6.000 personas. Pero también centros de cultivo, una capilla y rutas de peregrinación para llevar ofrendas a los lugares sagrados.

El decreto de expropiación en el que la constructora se escuda en su progresión con la obra se refiere a una superficie que casi alcanza las 38 hectáreas de territorio.

Al llegar a su casa el pasado lunes, personal de la Subsecretaría de Comunicaciones estatal informó a García que él y su familia no podrían permanecer allí más tiempo. Ni siquiera pudieron recoger su documentación, que ahora permanece atrapada en los escombros.

"Me sacaron de allí como si fuera un delincuente", dijo en una rueda de prensa celebrada hoy en la capital mexicana García, perteneciente al Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla.

Otra de las habitantes que se encontraba en el lugar, Isabel Hernández, denunció cómo una mujer policía la tiró al suelo y le dio patadas, a pesar de que sostenía a una niña de dos años.

Al día siguiente, desde la comunidad ya estaban prevenidos y contaban con un grupo más grande para frenar los avances de la demolición.

Esta vez, el objetivo de la empresa constructora era acabar con una pequeña capilla que tiene "gran valor" para los habitantes de la comunidad, narra García, y que fue edificada en un lugar sagrado para los indígenas.

Allí los habitantes se resguardaron y ofrecieron resistencia, pasando "más de ocho horas en la capilla, pidiendo por ellos incluso". Finalmente, los obreros de la empresa respetaron la edificación y se retiraron.

El miércoles, los vecinos de Xochicuautla firmaron con el Gobierno del Estado de México un acuerdo por el cual este último se compromete a suspender los trabajos de la autopista y a reparar el daño a García.

Esto es, señalan los habitantes, un pequeño avance, y aunque guardan esperanzas de que dé frutos, no olvidan que no es la primera vez en la que las autoridades no respetan lo que hay sobre el papel.

Porque como se encargan de recordar desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en primer lugar, la maquinaria no debería haber entrado en el territorio indígena, ya que un amparo emitido por la Justicia declaró la supresión de la obra hasta que se declarara si la construcción de la autopista es constitucional.

La concesión de la construcción de la autopista al Grupo Higa se otorgó en el 2007, cuando el ahora presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

El dueño del grupo, Juan Armando Hinojosa, quien apareció recientemente en los llamados papeles de Panamá, estuvo involucrado en el escándalo de la llamada "Casa Blanca", un caso de conflicto de interés por la construcción de una mansión que implicó al presidente y a su esposa, Angélica Rivera.

El bosque otomí-mexica fue declarado santuario del agua, y surte a doce municipios del Estado de México, que siguen siendo gobernado a día de hoy por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las irregularidades, claman los defensores de la comunidad, plagan el decreto de expropiación, emitido en julio de 2015.

El texto se refiere a una consulta previa a la comunidad que no sucedió, y a que lo que se expropiará serán "terrenos de agostadero de uso común", es decir, pastizales, cuando en realidad es "bosque, terreno de cultivo y viviendas ocupadas durante muchos años", remarca José Luis Fernández, comunero de Xochicuautla.

Los habitantes ya han solicitado medidas cautelares de apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la comunidad y del bosque.

La comunidad espera un pronunciamiento por parte del alto comisionado de la ONU, ya que alguno de sus elementos estuvieron cuando esta semana se dio la intervención de la empresa constructora.

"Seguiremos de pie y seguiremos en nuestra lucha", previene García.

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