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MORELIA, Michoacán-- El Gobierno federal mexicano limitó el martes las facultades de una corporación de seguridad creada para legalizar a los grupos civiles de autodefensa en Michoacán, ante un repunte de la tensión en ese estado del suroeste del país.

El comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, se reunió este lunes con miembros de la Fuerza Rural, cuerpo creado para incorporar a la legalidad a las autodefensas, a quienes advirtió que no podrán patrullar fuera de sus propios municipios.

Un día después de que presuntos integrantes de dicha fuerza realizaran bloqueos en carreteras de nueve de los 113 municipios de Michoacán para exigir la captura de líderes del cártel de los Caballeros Templarios, Castillo se reunió en Apatzingán con los inconformes para tratar de distender la situación.

Fuentes de la oficina del comisionado indicaron a Efe que entre los acuerdos alcanzados en la reunión destaca también la desintegración del grupo operativo denominado G250, que incorporaba a elementos de Fuerza Rural y que tenía movilidad en todos los municipios de la región de Tierra Caliente.

Asimismo, los miembros de este grupo especial devolverán las armas que les hayan sido proporcionadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, si bien sus líderes mantendrán un cuerpo de seguridad personal para garantizar su integridad física.

Por otra parte, los procesos de evaluación continuarán para los exmiembros de las autodefensas que deseen incorporarse a los cuerpos de seguridad pública.

También se mantendrán las reuniones periódicas del comisionado, el fiscal de Michoacán y autoridades militares y federales con exlíderes de las autodefensas y hoy miembros de la Fuerza Rural para evaluar las acciones de seguridad emprendidas.

A la reunión también acudieron el comandante de la XXX Zona Militar, coronel Leopoldo Aguilar; el procurador general (fiscal) del estado, José Martín Godoy, el comisionado de la Policía Federal en el estado, Israel Galván, y el subsecretario estatal de Seguridad Pública, Eloy Peralta Mora.

La tensión regresó a Michoacán cuando cientos de hombres armados bloquearan ayer durante unas ocho horas carreteras en los municipios de Apatzingán, Acuitzio, Paracho, Los Reyes, Zamora, Carácuaro, Uruapan, Ziracuaretiro y Huetamo para exigir al Gobierno federal la captura de narcotraficantes de la banda de los Templarios.

Los inconformes bloquearon las vías utilizando autobuses, camiones de carga y camionetas, y desplegaron mantas en las que exigían la captura de Servando Gómez Martínez, alias "la Tuta", líder de la organización criminal.

Pidieron también la detención de Sergio Huerta Tena "el Tena", cercano colaborador de "la Tuta", y de Ignacio Andrade Rentería, "el Cenizo", exsocio de Gómez Martínez.

La comisión encabezada por Castillo, creada por decreto del presidente Enrique Peña Nieto en enero pasado, indicó el domingo a Efe que en los bloqueos se detectó la presencia de integrantes del grupo de sicarios de los Viagras, exbrazo armado de los Templarios.

También el domingo, 300 aspirantes a formar parte de la Fuerza Rural e identificados como afines a los Viagras fueron notificados de que no aprobaron los exámenes de control y confianza que aplica el Gobierno federal.

Los Viagras son acusados por los grupos de autodefensa de infiltrarse en la lucha de éstos contra los Templarios y de convertirse en miembros de la Fuerza Rural.

De acuerdo con las autodefensas, los Viagras traicionaron a los Templarios para hacerse del control total de la producción y tráfico de drogas como la marihuana y el ice en la región.

Los grupos de autodefensa surgieron en febrero de 2013 para combatir a los Templarios, que controlaban las actividades económicas de la región de Tierra Caliente, incluyendo la producción de limón.

En 30 de los 113 municipios de Michoacán se conformaron estas agrupaciones armadas irregulares, lo que obligó al Gobierno federal a intervenir en enero pasado en el estado para frenar su avance e iniciar la lucha contra los narcotraficantes ante la pasividad de las autoridades estatales.

El Gobierno federal ofrece 30 millones de pesos (más de dos millones de dólares) por información que lleve a la captura de "la Tuta", un exprofesor de educación básica que se sumó a las filas del narcotráfico en la década de 1980.

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