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LOS ÁNGELES— Activistas defensores de inmigrantes pidieron el jueves al gobierno mexicano que resguarde la seguridad de los centroamericanos en su territorio que viajan rumbo a Estados Unidos.

"Si México exige la protección de los derechos humanos de sus connacionales en Estados Unidos, nosotros también estamos en posición de pedir ese respeto para los centroamericanos en territorio mexicano", dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles.

Junto con México y países de Centroamérica, el gobierno estadounidense está tratando de resolver lo que el presidente Barack Obama ha llamado una crisis humanitaria: un flujo de niños no acompañados y familias que están llegando al país tras cruzar la frontera de manera ilegal.

Más de 52.000 menores no acompañados han sido detenidos desde octubre, de acuerdo con la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría procede de Honduras, Guatemala y El Salvador y dice estar huyendo de un ambiente violento y pobreza extrema para reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

El gobierno mexicano, dijo el portavoz del consulado de México en Los Angeles, Sergio Juárez Pérez, está pendiendo de la crisis "para velar por los derechos humanos fundamentales de los niños y las familias en su territorio".

"La posición del gobierno es de garantizar el respeto y seguridad en coordinación con el Instituto Nacional de Migración", dijo Juárez Pérez.

Los activistas, de organizaciones mexicanas, centro y sudamericanas, pidieron también que México no militarice su frontera con Guatemala y que otorgue más salvoconductos a centroamericanos que viajan rumbo a Estados Unidos.

México no ha realizado cambios significativos en su frontera sur recientemente y otorga salvoconductos pero en ocasiones extraordinarias, como por cuestiones humanitarias.

"Pedimos que no se militarice la frontera sur de México porque esto obligaría a los niños a cruzar por zonas más inhóspitas", dijo Leoncio Velásquez, presidente de Hondureños Unidos de Los Angeles.

Muchos de centroamericanos deciden abandonar sus países y arriesgar sus vidas cruzando México y la frontera estadounidense porque tienen la impresión de que el gobierno de Estados Unidos les permitirá ingresar y quedarse.

Obama ha pedido al Congreso 2.000 millones de dólares y más flexibilidad para agilizar las deportaciones de los menores. En reacción, más de 100 organizaciones en favor de inmigrantes y derechos civiles, como el Concejo Nacional de La Raza y la Unión Americana de Libertades Civiles, enviaron el jueves una carta a Obama, pidiéndole que reconsidere este plan.

"Ahora que la región enfrenta una gran crisis humanitaria, nuestro país no puede comprometer sus principios fundamentales de compasión, justicia y debido proceso legal, ni nuestras obligaciones sobre protección internacional para refugiados", dijeron las organizaciones en la misiva. "El costo de devolver niños vulnerables a situaciones violentas o mortales es simplemente muy alto".

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