los precandidatos republicanos han tratado de distinguirse de los demás y del presidente Barack Obama con posturas más radicales en torno a la seguridad de la frontera bajo el argumento de que las medidas en vigor no son suficientes

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SAN ANTONIO, Texas — En las semanas previas al debate entre aspirantes a la presidencia de Estados Unidos del jueves, los precandidatos republicanos han tratado de distinguirse de los demás y del presidente Barack Obama con posturas más radicales en torno a la seguridad de la frontera y la inmigración no autorizada bajo el argumento de que las medidas en vigor no son suficientes.

Sin embargo, en varios aspectos la situación allí ni siquiera está cerca de la crisis del año pasado y ha mejorado de manera constante en la última década, en parte gracias a las medidas ordenadas por el gobierno federal, pero también debido a factores que escapan al control de Washington.

La alarmante cantidad de menores sin compañía y familias que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos desde Centroamérica a través de México se ha reducido aproximadamente a la mitad, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, reducción atribuida en parte a las medidas enérgicas tomadas por México y a una mayor presencia de agentes estadounidenses en la frontera.

Además, la inmigración no autorizada desde México también ha disminuido drásticamente desde el 2000, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a cerca de 1.600.000 mexicanos. El año pasado sólo fueron arrestados 230.000.

Además, desde 2007, alrededor de un millón de mexicanos que vivían en Estados Unidos sin permiso han dejado el país, de acuerdo con Marc Rosenblum, subdirector de política de inmigración estadounidense en el Instituto de Política de Migración, con sede en Washington.

Esas tendencias han sido atribuidas a diversidad de factores, entre ellos el mal desempeño de la economía de Estados Unidos, el declive de su industria de la construcción, y mejores oportunidades en México, dice un informe de Rogelio Sáenz, decano del Colegio de Políticas Públicas en la Universidad de Texas en San Antonio.

"La situación de urgencia en la frontera entre México y Estados Unidos ha desaparecido", dijo Adam Isacson, analista de seguridad en la frontera para la Oficina de Washington sobre América Latina, un centro de investigación.

Durante los primeros meses de 2014, la frontera entre México y Estados Unidos, en especial los 514 kilómetros (320 millas) que abarca el río Bravo (río Grande) en Texas, se convirtió en el principal punto de cruce para decenas de miles de familias y menores que viajaban solos desde Centroamérica, muchos de ellos para huir de la violencia provocada por las pandillas.

El año pasado fue la primera ocasión en que los inmigrantes procedentes de Centroamérica —unos 468.000 de esa región— superaron a los de México.

El aumento fue tratado como un asunto de seguridad nacional. El gobierno de Obama aumentó la cantidad de efectivos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, mientras que Texas desplegó a la Guardia Nacional y un gran contingente de policías estatales. El estado aprobó un presupuesto de 800 millones de dólares para seguridad de la frontera en los próximos dos años.

Autoridades mexicanas, con apoyo de Estados Unidos, han aumentado la detención de inmigrantes que cruzan México.

El gobierno de Obama también abrió dos centros para detención de familias en Texas que entre ambos pueden albergar a más de 2.000 mujeres y niños. Se pensó que las detenciones servirían para disuadir a las familias de emigrar y fue una alternativa a la práctica de dejarlas en libertad sin informarles cuándo debían presentarse en la corte.

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Esa política se ha enfrentado con desafíos políticos y legales de los defensores de los inmigrantes. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que desalojan a las familias tan pronto como les es posible y a más mujeres se les colocan brazaletes electrónicos que permiten conocer su ubicación como condición para ser liberadas.

Rosenblum dijo que el aumento en el número de menores sin compañía y familias no se debió realmente a una falla de seguridad en la frontera. En lugar de intentar evadir a autoridades estadounidenses, las familias "están siendo aprehendidas intencionalmente", señaló. Muchas han solicitado asilo y enfrentan retrasos de años en el trabajo que el sistema legal tiene pendiente.

Desde que Obama llegó al poder se ha transformado la política de inmigración debido a una serie de directrices que definen qué inmigrantes que residen sin autorización deben ser deportados.

El objetivo actual son las personas que representan una amenaza a la seguridad pública o tienen antecedentes penales, así como aquellos que cruzaron la frontera o fueron deportados desde el comienzo de 2014.

El gobierno deportó a 409.849 inmigrantes en 2012, una cantidad récord, cifra que se ha reducido en forma constante.

El año pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza envió de regreso a su casa a 315.943 inmigrantes. Hasta el 20 de julio de 2015 la agencia había repatriado a 187.000, de acuerdo con documentos internos obtenidos por The Associated Press. Los registros indican que más de 109.000 de ellos eran criminales condenados.

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