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TUCSON, Arizona - Una inmigrante salvadoreña que permaneció detenida un mes y medio con sus dos hijos en el centro de detención de Karnes, Texas, expresó que los cambios anunciados por el Gobierno federal en los centros familiares ayudarían a mejorar la situación de muchas familias detenidas.

"El tiempo que estuvimos allá fue muy difícil, especialmente para los niños. Hay reglas, la comida no les gustaba y se me enfermaron", contó a Efe Janet Rivas, quien aclaró que aunque les dieron atención médica salieron muy mal nutridos.

No obstante, Rivas reconoció que el anuncio de la Oficina de Control y Aduanas (ICE) "mejoraría la situación de las familias inmigrantes que aún se encuentran detenidas".

"Eso ayudaría a mejorar un poco (la situación), porque después de todo lo que uno vive en el camino llega a estar allí encerrado es duro", afirmó.

ICE anunció la semana pasada que creará un nuevo comité para asesorar a la directora Sarah Saldaña y al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, sobre los centros de detención familiares.

El comité estará integrado por "expertos" en niños y de servicios familiares, mentales, de salud pública y administración de los centros de detención.

La serie de acciones también incluye una expansión de servicios de consejería legal y atención médica, según indicó ICE quien también nombrará a un funcionario de alto nivel para coordinar y revisar las políticas de los centros de detención y reuniones con las partes interesadas para discutir las preocupaciones sobre estos centros.

"Lo difícil es que se cumplan los cambios porque cuando los oficiales iban a pasar revisión hasta mejoraban la comida, pero eso solo se veía cuando van a revisar", sostuvo la salvadoreña.

Según Rivas, durante el tiempo que permaneció en Karnes había unas 500 personas detenidas, la mayoría de ellas centroamericanas, una de ellas llevaba ocho meses en detención y había una familia que había llegado de Perú.

La inmigrante, junto a sus dos hijos de 9 y 13 años, fueron liberados hace un mes después de pagar una fianza de 2.000 dólares y continuarán su caso en una corte donde ya han solicitado asilo.

"Inicialmente el juez nos dio una fianza de 7.500 dólares pero gracias al trabajo de los abogados pro bono pudieron bajarla", dijo Rivas.

Explicó que muchas de las familias inmigrantes desconocen la ayuda que ofrecen los abogados pro bonos que agilizarían su estancia en esos centros.

"Los centros de detenciones tienen que ser más accesibles para dejar a los detenidos comunicarse con sus representantes legales, para ayudarles con sus casos de inmigración", dijo Yanci Montes, representante legal de El Rescate.

Al mismo tiempo, indicó que es de suma importancia que a los detenidos los acomoden en detenciones cerca de donde estén sus familiares, representantes legales y las cortes de inmigración.

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