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El 3 de septiembre de 2007 siete inmigrantes rescatados de una casa de seguridad en Phoenix fueron acusados por vez primera bajo una ley estatal de conspirar con el traficante de seres humanos para ser traídos ilegalmente a los Estados Unidos.

A esos siete le siguieron cientos más que pasaron de ser tratados como víctimas a criminales por el entonces procurador del Condado Maricopa, Andrew Thomas, quien fue el único fiscal en Arizona que implementó contra los inmigrantes indocumentados una ley estatal designada para aumentar castigos a los "coyotes".

En diciembre del mismo año, la cifra de detenidos sin derecho a fianza y acusados de conspiración para violar la ley "anticoyote" ascendió a 500, según un comunicado de los archivos de la fiscalía del Condado Maricopa.

Bajo dicha ley, Thomas se encargó de enviar a prisión a cientos de indocumentados antes de que fueran deportados a sus países con un récord criminal que los hacía inelegibles para un beneficio migratorio a futuro.

Esta semana, La Junta de Supervisores del Condado Maricopa acordó pagar 675 mil dólares para resolver una demanda sobre la controvertida política de enjuiciar a los inmigrantes por conspiración para violar las leyes migratorias de este país.

El fiscal actual, Bill Montgomery determinó que era poco probable para el Condado prevalecer la demanda en la corte de apelaciones.

Los miembros de la Junta de Supervisores resolvieron detener la práctica y poner fin a las batallas legales.

"Esta política ha obligado a miles de inmigrantes a declararse culpable de delitos que les impedían la legalización de su estatus como residentes de los Estados Unidos en el futuro", declaró al Arizona Republic, Peter Schey, del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, que presentó la demanda en nombre de la organización Somos América.

Retiran apelación

En septiembre de 2013, un juez federal de distrito en Phoenix consideró la práctica inconstitucional porque el control de la inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Pero el Condado apeló el fallo.

El miércoles, los supervisores del Condado votaron unánimemente para retirar la apelación y pagar a los demandantes para cubrir los costos de los abogados.

Tim Casey, un abogado del condado, dijo: "El acuerdo, creo, va a ahorrar una cantidad considerable de dinero en ambos lados".

Montgomery dijo que tomó la decisión de no continuar con la apelación porque los tribunales federales han golpeado constantemente las leyes estatales de inmigración en la teoría de que migración es un asunto que debe ser regulado por el gobierno federal.

"Este es el resultado de una ley con buenas intenciones (castigar a los coyotes que ponen a los migrantes en peligro) pero fue mal interpretada por solo un condado (de los 15 condados que tiene Arizona) y fueron los hechos de Arpaio, Andrew Thomas y Pearce quienes vieron esto como una oportunidad de injustamente cargar a migrantes con cargos de coyote con delito tan severo que jamás podrían arreglar en el futuro", comentó la activista Lydia Guzmán, quien en ese entonces fungía como presidenta de Somos America.

"Que bueno que los abogados de los dos lados estuvieron de acuerdo en retirar la pelea porque al fin de cuentas el Condado Maricopa se dio cuenta que no tiene caso pelear en un caso perdido", agregó.

El acuerdo extrajudicial entre ambas partes deja sin efecto la práctica de acusar a los indocumentados de conspirar para ser traídos ilegalmente, según las autoridades.

Con información de azcental.com

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