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WASHINGTON, D.C.-- Ante el aumento de la llegada de menores inmigrantes a través de la región sur de Texas y la ausencia de una reforma migratoria que facilite su entrada legal al país, se disparan a nivel local las medidas que pretenden favorecer la integración de los indocumentados.

"Vemos un incremento sostenido de iniciativas innovadoras e interesantes" en materia de legislación por parte de los gobiernos locales a favor de ampliar los beneficios para los sin papeles, dijo a Efe Ann Morse, la directora de Inmigración de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos (NCSL).

Morse, que citó el estado de Nueva York y el de California como buenos ejemplos, aseguró que existe una tendencia generalizada en 2014 por parte de las autoridades locales de promulgar leyes que favorezcan la integración de los inmigrantes.

La encargada de inmigración del NCSL se refirió tanto a las licencias de conducir y a las identificaciones de residencia, como a las regulaciones encaminadas a beneficiar a los inmigrantes en cuestiones de educación, salud y empleo.

La tendencia al alza en 2014, aseguró Morse, reafirma el incremento que se viene dando desde 2007, con una media anual de 1.300 proyectos de ley presentados y 200 leyes promulgadas.

De acuerdo con un estudio del NCSL, en 2013 se registró un incremento del 64 % en el número de leyes que favorecen a los inmigrantes, con un total de 437 medidas adoptadas, respecto a 267 en el año 2012.

En el último mes, la ciudad de Nueva York se ha sumado a Oakland, New Haven, Trenton, Los Ángeles y San Francisco al promulgar leyes que permitan a las autoridades locales otorgar permisos de residencia y licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con Morse, la emisión de licencias de conducir continúa siendo una prioridad entre los estados, con 35 leyes promulgadas en 21 estados entre los que figuran California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Maine, Maryland, Nevada, Oregon y Nevada.

La tendencia generalizada por parte de las autoridades locales apunta a favorecer la integración de los inmigrantes, según Kica Matos, la portavoz de la coalición Movimiento por una reforma migratoria justa (FIRM).

Matos se refirió así, en declaraciones a Efe, al aumento de medidas destinadas a promover los beneficios de los indocumentados frente a la disminución de regulaciones en su contra, como la ley propuesta por el estado de Arizona en 2010 que pretendía criminalizarlos.

Igualmente, dijo la portavoz de FIRM, los resultados de las encuestas recientes de opinión apuntan "hacia una percepción positiva que se encamina a facilitar su integración y brindarles seguridad y confianza".

En general, los sin papeles no son elegibles para ninguna ayuda federal con fondos públicos según el NCSL, excepto, cuando se trata de menores de 18 años, que son elegibles para recibir inmunizaciones o educación gratuita en instituciones públicas, incluyendo subsidios de alimentación en las escuelas.

La avalancha de menores procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador que entraron solos y de manera ilegal en los últimos meses ha reavivado el debate acerca de la necesidad de contar con un marco legal, bloqueado repetidamente por los republicanos en la Cámara de Representantes.

Igualmente, la crisis de los niños inmigrantes ha puesto de manifiesto a corto plazo, la falta de recursos para asistirlos adecuadamente, y en el futuro, de un proceso de integración para los que se terminen quedando en Estados Unidos.

En los últimos 10 meses, según datos oficiales, 44.400 menores procedentes de Centroamérica entraron de manera ilegal por la región sur del valle del Río Grande, y esta cifra podría alcanzar los 90.000 a fines de 2014.

Cerca del 90 % de los menores que llegaron de manera ilegal son acogidos por un familiar o un amigo, según cifras de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), del Departamento de Servicios Humanos y Salud (HHS).

Asimismo, la ORR señala que ante el incremento de los niños recién llegados, los fondos para asistirlos se podrían ver afectados a partir de octubre de 2014, si la petición de fondos suplementarios por parte del presidente de EE.UU., Barak Obama, de 3.700 millones de dólares, no se aprobara en el Congreso.

Los menores que se encuentran bajo la responsabilidad de la ORR reciben la denominación legal de "inmigrantes no aptos" en cuanto se encuentran a la espera de la resolución de sus procesos judiciales, y no son contemplados para recibir beneficios o subsidios federales, como la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Sin embargo, estos niños indocumentados podrían resultar elegibles para recibir educación pública gratuita, además de subsidios a nivel local, aunque "cada estado tiene la opción de negarse a proveer estas ayudas a su discreción", según la NCSL.

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