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HOUSTON, Texas — Cuando su madre fue muerta a tiros a una cuadra de su escuelita, Sheyli Gálvez, de siete años, fue entregada al Servicio de Protección del Menor, mientras el estado decidía qué hacer con ella.

El proceso tomó seis meses e incluyó un estudio de la situación en su país natal, Honduras.

El Houston Chronicle informa que el Servicio de Protección al Menor y el abogado de la menor debían demostrarle al juez que lo mejor para la niña, quien había ingresado ilegalmente al país, era estar con su padre en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo. El juez estuvo de acuerdo y Sheyli fue enviada esta semana de vuelta a su país natal.

"Estoy muy contento de tener de nuevo a mi hijita conmigo", declaró Rolvin Gálvez por teléfono desde Honduras.

Más de 13 mil menores hondureños se han entregado a la Patrulla de Fronteras este año, parte de los casi 60.000 niños que cruzaron la frontera por Texas. El caso de Sheyli es inusual porque el Servicio de Protección del Menor (SPM) generalmente no envía a un niño que está en el país ilegalmente de vuelta a su patria, lo que revela que las leyes estadounidenses pueden tratar en forma diferente a menores en la misma situación.

Mientras la Casa Blanca y el Congreso se debaten en torno a qué hacer con la gran cantidad de menores centroamericanos que ingresan ilegalmente al país, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados calcula que el 60% satisfacen los requisitos para recibir protección humanitaria al amparo de patrones internacionales debido a los niveles de violencia que hay en El Salvador, Guatemala y Honduras. El presidente Barack Obama ha dicho que le gustaría deportar a los niños con celeridad, pero tiene las manos atadas por una ley del 2008 que busca proteger a los menores del tráfico sexual.

Sheyli, una niñita de cabello oscuro a la que le gusta disfrazarse de princesa y lucir coronas, pasó seis meses con una familia mientras el SPM y las autoridades consulares investigaban la conveniencia o no de entregársela la padre en Honduras.

El complicado caso comenzó cuando la madre de Sheily, Yolibeth Pérez, de 24 años, fue asesinada a tiros a las tres de la tarde del 22 de enero, en momentos en que iba a buscar a la niña a la escuela Emerson Elementary School de Houston. Testigos dijeron a la policía que un individuo se le acercó, le hizo varios disparos y salió corriendo.

Familiares dijeron que Pérez había venido ilegalmente al país hacía un año desde Puerto Cortés, ciudad del noreste de Honduras cerca de Guatemala. Indicaron que vino a vivir con una tía anciana, que era retraída y que no les había comentado las razones por las que se fue de Honduras, aunque sí les dijo que pediría asilo.

La policía afirmó que recibió información de que en Honduras se había casado con un traficante de drogas y que había huido del país por cuestiones de seguridad. Agregó que el 12 de diciembre Pérez llamó a las tres de la tarde desde su departamento y dijo que alguien le había disparado y que el agresor había escapado. La policía no encontró proyectiles.

La mujer le dijo a sus parientes, incluida su hija, que la persona que le había disparado era una mujer enmascarada. José Torres, quien está casado con una prima de Pérez y figuraba como contacto de emergencia, se llevó a la niña y trató de evitar que viera la escena del crimen.

No tuvo mucho éxito. Sheyli vio los patrulleros y dijo, "esa vieja se llevó a mi mamá".

Cuando la policía descubrió los lazos con los carteles de las drogas, el SPM se hizo cargo de Sheyli, aduciendo que temía por su seguridad. Sus propios parientes temieron ser blancos, según la portavoz del SPM Estella Olguín. Sheyly fue ubicada con una familia mientras el SPM decidía si la entregaba a algún familiar, aquí o en Honduras, o la daba en adopción.

"Si un menor está aquí y hay denuncias de abusos o inquietud en torno a su seguridad, pasa a nuestra jurisdicción, sin importar su status inmigratorio", dijo Olguín. "Nos corresponde a nosotros decidir qué es lo mejor para el menor".

Olguín indicó que es muy inusual que el SPM envíe a un menor que está en el país ilegalmente a su país de origen. Es un proceso complejo que involucra estudios de la situación en esa nación y otras medidas para asegurarse de que el menor estará a salvo en su nuevo hogar.

El padre de la niña vio informes de la matanza de Pérez y contactó al consulado hondureño para decirles que quería que le enviasen a su hija. En una entrevista telefónica, el hombre, de 25 años, dijo que tuvo una relación con Pérez desde que eran adolescentes y que se separaron hacía unos dos años. Negó integrar cartel alguno o ser pandillero.

Señaló que quedó paralizado en enero del 2013, al recibir un balazo en la espalda cuando jugaba al fútbol. Dijo que se produjo una trifulca y sonaron varios disparos. Puerto Cortés está a 34 millas (55 kilómetros) de San Pedro Sula, la ciudad más peligrosa del mundo, donde tres personas son asesinadas a diario, según las Naciones Unidas.

Entre enero y mayo, más de 2.200 menores de esa ciudad no acompañados llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos diciendo que le escapaban a la violencia y al reclutamiento forzado de las pandillas. Es la ciudad centroamericana que más menores envía a Estados Unidos, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.

El padre dijo que estuvo de acuerdo con la decisión de Sheyli de llevarse a la niña a Houston el año pasado porque pensó que estarían mejor aquí. Pero cuando la madre fue asesinada, sus familiares tenían miedo de hacerse cargo de Sheyli por temor a convertirse en blancos de la misma gente que mató a la madre.

Gálvez dijo que no quería que la niña fuese entregada a otra familia porque perdería todo contacto con ella.

"Es mi hija", expresó.

La policía dijo haber comprobado que el asesinato de Pérez no estuvo relacionado con actividades pandilleras ni del narcotráfico y que el episodio de diciembre fue "una farsa, tal vez para apuntalar el pedido de asilo" de Pérez, de acuerdo con Jodi Silva, vocera del Departamento de Policía de Houston.

"No tenemos razones para pensar que él contactó a gente de aquí o que sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas fue lo que motivó su muerte", afirmó Silva.

De hecho, las investigaciones revelaron que la matanza de Pérez estuvo relacionada con una balacera del 21 de marzo en la localidad de Sugar Land, señaló.

En ese episodio, dos individuos se presentaron en Global Casework Manufacturing Inc., en el Industrial Boulevard, antes de las nueve de la mañana y preguntaron por Marlon Alexander Palencia, un guatemalteco. Hubo una discusión y uno de los individuos le pegó un tiro a Palencia. La policía de Sugar Land dijo que Palencia había contactado a la esposa de Huver Oregón Reyes en Facebook. Oregón Reyes, de 31 años, está preso, acusado de asesinato, pero el otro individuo se fue del país, de acuerdo con la policía. Las autoridades no quisieron hablar de los vínculos que podría haber entre Palencia y Pérez o sobre el motivo del asesinato.

A pesar de los peligros y de la pobreza que hay en Honduras, Olguín dijo que el personal del SPM, el abogado de oficio de Sheyli, Dan Spujt, y el juez Glenn Devlin estuvieron de acuerdo en que lo mejor era que la niña se fuese con su padre, quien no puede trabajar pero puede subsistir gracias a lo que genera la carpintería de su familia.

Para que le entregasen a su hija, Gálvez debió someterse a un análisis para determinar su paternidad, a una revisión de antecedentes y a una investigación del Instituto Hondureño del Menor y la Familia, según Yolanda Oliva, del consulado hondureño en Houston.

Reveló que el consulado está desbordado por los casos de menores que están en el país ilegalmente.

"La mayoría de los niños dicen que sus padres están aquí y que vienen para reunirse con sus padres", manifestó Oliva. "La diferencia es que Sheyli está regresando a Honduras para estar con su padre, que es lo que quería".

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