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WASHINGTON, D.C.Un senador republicano y un representante demócrata presentarán un proyecto de ley para acelerar las deportaciones de los miles de niños centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense sin documentos ni acompañantes adultos.

La legislación propuesta por el senador John Cornyn y el representante Henry Cuellar, ambos de Texas, busca acelerar las deportaciones de los menores centroamericanos cuyos procesos actualmente pueden demorar años debido a la cantidad de casos que permanecen atrasados ante las autoridades migratorias.

"Esta legislación fortalece la ley vigente, protege a los niños sin acompañantes adultos y responde a la crisis", dijo Cuellar en un comunicado.

El proyecto de ley daría a 40 jueces migratorios adicionales un plazo de 72 horas para decidir si un niño puede permanecer legalmente en Estados Unidos.

Los menores deben presentar su solicitud a los siete días de ser evaluados por el departamento federal de sanidad. La Patrulla Fronteriza tiene 72 horas para transferir los menores al departamento de sanidad.

De los 57.000 menores sin acompañantes adultos que han llegado a la frontera desde octubre, solo 1.254 habían sido deportados a fines de junio, según un funcionario policial que solicitó el anonimato para hablar sobre estadísticas confidenciales.

Los republicanos han dicho que solo aprobarían los 3.700 millones de dólares adicionales solicitados por el gobierno federal para procesar a los menores si se adoptan modificaciones similares a las planteadas en la legislación Cornyn/Cuellar.

El proyecto modificaría una ley aprobada en 2008 para proteger a las víctimas del tráfico y la explotación sexual y que requiere audiencias judiciales para los jóvenes inmigrantes que llegan a Estados Unidos desde países "no contiguos", es decir, cualquier otro que México o Canadá.

La espera para tales audiencias suele demorar un largo periodo debido a la cantidad de casos atrasados ante las autoridades migratorias.

La Casa Blanca inicialmente se mostró a favor de modificar esa ley aprobada en 2008, pero tal modificación quedó fuera de la solicitud de fondos adicionales enviada al Congreso ante las quejas de defensores de los inmigrantes y algunos demócratas.

El bloque de legisladores hispanos, cuyos 26 integrantes son demócratas, se declaró la semana pasada en contra de eliminar el derecho a audiencias judiciales para los menores y su liderazgo marcó distancia con Cuellar.

Entretanto, un grupo de alguaciles procedentes de todo el país visitarán esta semana la ciudad fronteriza de McAllen en Texas para ver de cerca la situación de los menores.

La delegación estará encabezada por Sam Page, alguacil del condado Rockingham (Carolina del Norte) y vicepresidente de la comisión para temas migratorios de la Asociación Nacional de Alguaciles.

"Mientras el gobierno federal busca reubicar a miles de indocumentados centroamericanos en comunidades de todo el país, funcionarios policiales electos están cada vez más preocupados sobre la amenaza potencial que esta crisis representa para sus comunidades y estados", dijo un comunicado de prensa enviado por la Asociación Nacional de Alguaciles.

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