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NASHVILLE, Tennessee— Sylvia Matthews Burwell, secretaria de Salud y Servicios Humanos federal, se reunió el domingo en privado con decenas gobernadores en momentos que el gobierno del presidente Barack Obama trata de conseguir apoyo de los líderes estatales que albergarán a miles de niños centroamericanos que han cruzado solos la frontera con México desde el 1 de octubre.

Gobernadores de ambos partidos expresaron preocupación sobre el costo de atenderlos, como la educación pública a los menores, según los que asistieron a la reunión. Burwell salió de la junta por una puerta lateral sin hablar con reporteros.

"Nuestros ciudadanos ya están agobiados por todo tipo de inconvenientes. No quieren ver venir otra carga sobre su estado", dijo el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, que es demócrata. "Sin embargo, tenemos que atender los aspectos humanitarios de esto, tenemos que hacerlo de la manera más económica posible".

El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el de Nueva Jersey Chris Christie y de Iowa Terry Branstad estuvieron entre los republicanos más críticos. Criticaron los planes del gobierno federal de colocar a los niños con amigos o familiares sin verificar su estatus de inmigración.

Según la ley en vigor, los niños que llegan sin autorización de países que no tienen frontera con Estados Unidos y que ingresan al país solos son entregados a Salud y Servicio Humanos en un plazo de 72 horas. A partir de ahí, con frecuencia los entregan a sus padres o a familiares que ya viven en Estados Unidos, mientras esperan que los tribunales de inmigración decidan su futuro. Ese proceso demora años.

Ni la agencia de Burwell ni funcionarios de inmigración revisan el estatus de inmigración de los familiares que toman la custodia de los niños.

Desde el 1 de octubre, más de 57.000 niños han cruzado la frontera solos. La mayoría son de Honduras, El Salvador y Guatemala.

"Queremos asegurarnos que los coloquen en un hogar seguro y con apoyo, pero además debería ser alguien que tenga autorización para vivir en el país y que se responsabilice de que comparezcan ante los tribunales", dijo Branstad.

Según la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, aproximadamente una cuarta parte de los inmigrantes que enfrentan audiencias de deportación no se presentan. El índice de ausencia a estas audiencias en el caso de los menores de edad es de alrededor de 46%.

Entre el debate sobre qué provoca la ola de niños inmigrantes y cómo puede el gobierno detener su llegada, dos importantes legisladores dijeron que el presidente Barack Obama puede decidir por orden ejecutiva aliviar gran parte de la crisis sin esperar lo que será probablemente una larga batalla en el Congreso.

Lo que se discute es una cláusula en una ley de 2008 sobre tráfico de personas que pone el destino de estos inmigrantes en manos de jueces de inmigración. La Casa Blanca ha manifestado algo de interés en solicitar al Congreso que cambie la ley para dar al gobierno más libertad de acción para manejar la crisis.

Pero el legislador republicano Mike Rogers, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, dijo el domingo que quizás no es necesario pedir cambios generales al Congreso y que Obama tiene la autoridad de devolver a los niños a sus países de origen.

Obama "tiene herramientas" para hacer frente a los asuntos humanitarios y disuadir a que más niños vengan a Estados Unidos, dijo Rogers.

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