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PHOENIX, Arizona— Una corte federal de apelaciones de San Francisco tomó el martes un caso del estado de Arizona que trasciende de varias drásticas medidas para repeler la inmigración ilegal tomadas por el estado en la última década y se centra en la cuestión constitucional de si los inmigrantes que viven sin permiso en el país y están acusados de delitos pueden tener derecho a fianza.

Arizona aprobó una ley que prohíbe la concesión del pago de fianza en el 2006, cuando tomaba medidas contra la inmigración ilegal a través de una serie de iniciativas de ley en la Legislatura y en las urnas. Los patrocinadores de la ley destacan que ésta impide que aquéllos que están en el país ilegalmente y que salgan bajo fianza puedan cometer nuevos delitos, pero los detractores señalan que la medida tiene el intento real de sancionar a los inmigrantes antes de que sean convictos por delitos.

La medida fue aprobada con un 78% de los votos y figura entre las cuatro propuestas de inmigración aprobadas por los habitantes de Arizona en el 2006. La ley que prohíbe la libertad condicional fue propuesta por el entonces representante estatal republicano Russell Pearce, quien posteriormente logró la aprobación de una drástica ley de inmigración en Arizona en el 2010.

La ley que será estudiada por el Tribunal de Apelaciones del 9no circuito niega fianza a las personas que están en el país ilegalmente y son acusadas de ciertos delitos como homicidio, agresión sexual e incluso robo de identidad agravada.

Arizona es uno de por lo menos tres estados que han aprobado leyes relacionadas con libertad condicional a personas que carecen de autorización para residir en el país.

Un panel de tres jueces del 9no circuito desechó previamente una impugnación a la ley que prohíbe libertad bajo pago de fianza al fallar que no atentaba contra la Constitución. Pero los demandantes lograron que un panel de 11 miembros del tribunal considerara el caso.

Los demandantes dijeron que el esfuerzo de la Legislatura de Arizona de colocar la medida en la boleta electoral tenía la intención de sancionar a las personas que viven en el país ilegalmente por violaciones federales de inmigración. Asimismo alegaron que la ley estatal es rebasada por la ley federal.

Los abogados que defienden la ley afirman que es un intento de mejorar la seguridad pública, no de sancionar a la gente por violaciones federales de inmigración. Asimismo dijeron que la ley estatal no discrepa con la ley federal.

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