Se acerca otra ola de leyes extremas

El año pasado Alabama impuso leyes más severas contra la inmigración indocumentada que Arizona, al aprobar una iniciativa con las mismas estipulaciones que la SB1070 e incluso otras peores.

Este año algunos legisladores republicanos de Arizona esperan recuperar la reputación del estado de tener las leyes antiinmigrantes más severas de todo el país.

Los legisladores han vuelto a poner sobre el tapete leyes que exigirían a los distritos escolares informar sobre el número de niños indocumentados que asisten a las escuelas públicas y a los trabajadores de los hospitales reportar sobre los inmigrantes indocumentados que buscan atención médica.

Sin embargo, la probabilidad de que se aprueben estas leyes es baja. Otros proyectos de ley similares no fueron aprobados en la Legislatura el año pasado y ya se desvaneció la coyuntura propicia para tales medidas dado que los republicanos están ahora centrados en la economía, la creación de empleos así como en las próximas elecciones.

Alabama es el único estado de la nación en exigir a las escuelas que verifiquen la condición migratoria de los estudiantes. Sin embargo, en octubre del año pasado la Corte de Apelaciones del Circuito Once con sede en Atlanta impidió que se aplicara esa parte de la ley.

Ningún otro estado exige a los hospitales verificar y reportar la condición migratoria de los pacientes. Otros estados, incluidos Missouri y Georgia, están contemplando crear leyes similares este año.

Los proyectos de ley presentados este año en Arizona tienen el mismo propósito que la SB1070: "deserción mediante la aplicación de la ley". La creación de leyes tan severas logra que los inmigrantes indocumentados decidan mudarse de Arizona o nunca llegar.

El senador Steve Smith, republicano de Maricopa, es el patrocinador del proyecto de ley 1444, que obligaría a los distritos escolares a reunir información sobre el número de estudiantes indocumentados. Asimismo, ha propuesto la ley 1445, que exigiría al personal de los hospitales informar a la policía sobre cualquier paciente indocumentado y generar un reporte anual con la información de esos pacientes. Estas propuestas no impedirían que las escuelas eduquen a los estudiantes indocumentados ni que los doctores ofrezcan un tratamiento médico a pacientes sin documentos en regla.

Asimismo, Carl Seel, republicano de Phoenix, patrocinó el proyecto de ley 2489, que obligaría a las escuelas públicas a reunir información sobre el número de estudiantes indocumentados. De esta manera, las escuelas no podrían incluir a dichos estudiantes en los cálculos para determinar los fondos estatales por estudiante.

Smith afirmó que su objetivo es calcular cuánto dinero gastan los contribuyentes estatales en educar y cuidar a los inmigrantes indocumentados.

"Como contribuyentes tenemos derecho de saberlo", dijo.

A nivel nacional, el propósito de las presiones para calcular el número de estudiantes indocumentados es lograr que la Corte Suprema de los Estados Unidos revoque su decisión sobre el caso Plyer contra Doe de 1982, que exige a los estados a educar a los niños que se encuentran en el país sin documentos. Principalmente, la corte decidió que los estados deben educar a todos los niños, salvo que un estado demuestre que dicha educación causa un efecto negativo considerable. Algunos piensan que informar sobre el costo de la educación de inmigrantes indocumentados y su impacto en la economía podría llegar a ser un asunto de enorme interés estatal.

El ex senador Russell Pearce, quien perdió en la elección de revocación en otoño del año pasado, esta vez no estará para impulsar estos proyectos durante todo el proceso. Pearce, autor de la ley SB1070, se desempeñó como presidente del Senado el año pasado y durante años fue un gran impulsor político de leyes antiinmigrantes.

Asimismo, los senadores republicanos que rechazaron el año pasado las mismas propuestas continúan en sus cargos este año. Basaron su objeción principalmente en el testimonio de la comunidad empresarial que afirmaba que dichas propuestas perjudicarían el comercio y el empleo en Arizona.

Los líderes del Congreso han asignado los proyectos de ley a dos comités y los presidentes de cada uno de ellos deberán programarlos para una audiencia pública antes de que pasen a consideración del pleno. Asignar iniciativas a varios comités es generalmente una señal de que no cuentan con el apoyo de la mayoría. Normalmente es más difícil que se aprueben proyectos de ley asignados a varios comités.

Sin embargo, el senador Smith sostuvo que ni la decisión tomada por la Corte de Apelaciones en contra de la ley de Alabama ni los impedimentos legislativos de Arizona van a disuadirlo. Además, manifestó que existen muchas maneras de avanzar con las iniciativas antes de que pasen a consideración del pleno.

Los legisladores Smith y Seel tienen en mente algunas leyes transitorias que podrían usar primero. Cuando pasen a la sesión del pleno, los legisladores pueden utilizar estos proyectos de ley inofensivos, si aún se encuentran vigentes, retirar el texto que les concierne y remplazarlo con uno que tiene una interpretación totalmente diferente.

Anjali Abraham, directora de políticas públicas de la organización American Civil Liberties Union de Arizona, afirmó que está pendiente de la presentación de estas iniciativas este año, pero que no le preocupan ya que no cree que se aprueben de ninguna forma.

Sin embargo, reconoció que aunque estas iniciativas no logren su aprobación, su sola existencia es perjudicial especialmente para los niños de las escuelas de Arizona. Además, señaló que no solo los padres con hijos indocumentados tienen temor en matricularlos, sino también los padres indocumentados cuyos hijos se encuentran legalmente en el país.