En búsqueda de que la Mesa de Supervisores revise las acciones de la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO) en marco de la investigación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la organización Citizens for a Better Arizona, logró programar una audiencia especial el pasado martes 31 de enero, sin embargo rápidamente la misma se desvió de su objetivo y se convirtió en un circo.
La agenda de esta reunión especial comenzaría con una actualización sobre las medidas financieras que la Oficina del Sheriff está tomando para mitigar acusaciones de que malversó alrededor de 100 millones de dólares. Tanto Sandi Wilson, asistente del administrador del condado, como Jerry Sheridan, jefe de alguaciles, realmente no explicaron nada substancial.
Sin embargo, el descontento y escepticismo de casi tres cuartos de la audiencia comenzó a aumentar con las declaraciones de Bill Montgomery, procurador del Condado Maricopa, quien cuestionó repetidas veces al Departamento de Justicia y su reporte de 23 páginas donde determina que el Condado Maricopa presenta uno de los peores casos de violación de derechos humanos en la historia, por culpa de la Oficina del Sheriff.
Montgomery, asimismo, declaró que en repetidas ocasiones ha solicitado documentos que sustenten las declaraciones del DOJ, pero que ni siquiera ha recibido respuesta de su solicitud por parte de ésta entidad.
El descontento llegó a su punto de ebullición cuando miembros de la audiencia quisieron comentar o hacer preguntas y no se les permitió.
"No voy a dejar que otros hagan discursos y atrasen la reunión de supervisores, los que deseen hacer comentarios podran hacerlo al final", dijo Max Wilson, presidente de la Mesa de Supervisores.
Randy Parraz, co fundador de Citizens for a Better Arizona, rápidamente y después de ese comentario instó a la mayoría de los presentes a retirarse ya que esa reunión publica era una farsa.
"No es posible que no escuchen nuestra voz y que no dejen que hagamos comentarios cuando esa es una de las reglas de este tipo de audiencias públicas; ese era el propósito de la reunión, que se escuchen testimonios de la comunidad", explicó Parraz.
Casi tres cuartas de los asistentes se retiraron del recinto bajo la dirección de Parraz y decidieron dirigirse a la oficina del procurador federal por el distrito de Arizona, Ann Birmingham Scheel, para presentar documentación pertinente a la investigación de MCSO.
Lydia Guzmán, de la organización Respeto/Respect, mencionó que aunque la audiencia no fue como se acordó, las movilizaciones continuarán.
Este situación llega a la par con la decisión unánime de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Phoenix, que hace unos días emitió una resolución en la que se aprobó solicitar la renuncia al sheriff Joe Arpaio. Aunque dicha Comisión no influye directamente en la renuncia del alguacil Arpaio, ésta emite consejos al Cabildo de la ciudad.