Esperan menos extremismo en la nueva Legislatura

Con la destitución de Russell Pearce, ex-presidente del Senado y senador por el Distrito 18, varios expertos consideran que leyes radicales en contra de la comunidad inmigrante que fueron motivo de controversia durante 2010 y 2011, no serán noticia durante esta nueva sesión legislativa.

"La gente está buscando otro tipo de liderazgo por parte de los políticos del estado, quieren que se enfoquen en la creación de fuentes de trabajo, salud y educación", dijo Randy Parraz, de Citizens for a Better Arizona, la organización que logró la destitución de Pearce.

Por su parte el representante Chad Campbell, líder de la minoría de la Cámara, expresó que es importante monitorear leyes divisivas y que no contribuyen al progreso del estado en cuanto a los temas que realmente afectan a la ciudadanía, como la economía.

Antes de que la primera sesión de la Legislatura estatal comenzara el pasado 9 de enero, ya se habían introducido más de cien propuestas legislativas y se espera que en el transcurso del mes se propongan más puesto que los legisladores tienen hasta finales de este mes para hacerlo. Notablemente, todas estas propuestas apuntan hacia temas miuy diferentes

La iniciativa HB2031 propuesta por el representante de Fountan Hills, John Kavanagh, requiere que oficiales del orden público estatal incauten un vehículo si el conductor no presenta prueba de seguro vehicular.

La HB2034, de la representante Kimberly Yee de Phoenix, convierte en delito menor vender o proveer a un menor de edad cualquier producto diseñado para el consumo de tabaco y sería penalizado con 30 horas de servicio comunitario y una multa de 100 dólares.

La HB2044, propuesta por John Fillmore de Apache Junction, reduce la gravedad de posesión o consumo de una onza o menos de marihuana a un delito menor con posible multa de hasta 400 dólares.

Por otra parte, el senador Steve Gallardo propuso la SB1026, la cual propone designar 85 millones de dólares al Departamento de Seguridad Económica, para costear servicios de asistencia social en términos de ayuda para pagar guarderías, pago a familias de adopción temporal, entre otros programas.

Gallardo también propuso la SB1027 la cual aumenta las penalidades para acusados por violencia doméstica a libertad condicional supervisada por mayor tiempo, un mínimo de 50 dólares de multa y al menos 48 horas consecutivas en la cárcel. Esta ley aplicaría a cualquier individuo que se declare culpable a un delito menor de violencia doméstica.