Nueva ley antiinmigrante se enfoca en las escuelas

El pasado 23 de febrero, el Comité de Educación de la Cámara de Representantes de Arizona dio luz verde a una nueva propuesta de ley que obligaría al Departamento de Educación de Arizona y por consiguiente a los distritos escolares a recolectar datos sobre el estatus migratorio de sus estudiantes. La propuesta, patrocinada por los representantes republicanos Carl Seel, Frank Antenori, David Gowman, David W. Stevens y el senador Rusell Pearce, pretende cortar los fondos que recibe cada escuela si no cumplen con los estatutos de la ley. La ley dispone que el Departamento de Educación recopile información sobre los estudiantes inscritos en cualquier escuela pública y que no puedan demostrar un estatus legal migratorio. Del mismo modo, la ley buscaría que los reportes sean entregados al gobierno estatal, al tesorero del estado, al portavoz de la Cámara de Representantes, al presidente del Senado y al secretario de estado cada 15 de diciembre. Cada escuela tendría que reportar el número de estudiantes que no puede demostrar su estatus migratorio, así como los que no pueden demostrar su estatus migratorio y no estuvieron inscritos en alguna escuela. También se hará un reporte sobre el número de profesores, personal administrativo y los fondos invertidos en el personal requerido para cubrir las necesidades académicas de dichos estudiantes. De no cumplir con estas y otras disposiciones, los superintendentes se verán obligados a retener los fondos requeridos para cada escuela; del mismo modo, se retendrían los salarios de aquel personal que no cumpla con las mencionadas instrucciones. En adición, cualquier persona que proporcione información fraudulenta en lo que respecta el reporte será culpable de un delito menor clase 1. En este respecto, Luís Ávila, organizador comunitario de la organización Stand for Children Arizona, menciona que esta ley busca de manera ineficiente que los maestros y el personal escolar, además de desempeñarse como educadores, tendrían que actuar como agentes de inmigración. "Los maestros tienen muchas responsabilidades a causa de los recortes de personal educativo en todo el estado como para darles la de ser agentes de inmigración cuando no han sido entrenados para ese propósito", declaró Ávila. Asimismo, explica que los únicos perjudicados seria los niños y sus familias ya que esta es otra media más antiinmigrante que acecha a la comunidad. "Los representantes que propusieron esta ley no se han puesto a pensar que los padres de familia van a dejar de enviar a sus niños a la escuela por temor, la asistencia estudiantil se va a reducir y eso significaría mayores recortes en las escuelas", explica Ávila. Por su parte, Kyrsten Sinema, representante por el distrito 15, explica que desafortunadamente esta ley ha sido aprobada por el Comité de Educación y que la semana entrante será presentada al pleno para votación. "Lamentablemente este es una año inusual en la Cámara Baja, desafortunadamente estamos viendo que los republicanos están tratando de pasar leyes engañosas que realmente no solucionan los problemas migratorios; todo lo contrario, ahondan más el problema en vez de dedicarse a solucionar los problemas reales como tráfico de drogas, secuestros, crímenes en la frontera", explica Sinema. Del mismo modo, explica que estas leyes en realidad van a crear condiciones más difíciles para las familias y las escuelas en vez de atacar temas migratorios desde una perspectiva eficaz. En cuanto a la oposición a esta propuesta, Sinema explica que los demócratas ven que la solución es combatir a los criminales, los que trafican gente, drogas y armas en la frontera, no a las familias que buscan una mejor vida. "Creo que esta propuesta es innecesaria e incrementa la carga a las familias y escuelas de nuestro estado", enfatizó la representante.