Tras casi siete años de controversia y problemas financieros, el Centro de Jornaleros Macehualli situado en el noreste de Phoenix, está en venta, víctima de una economía debilitada.
El centro, que abrió sus puertas en febrero de 2003 y está ubicado en el área de Bell Road y Calle 25, ya no puede pagar su hipoteca, dijo Salvador Reza, el activista latino que lo administra.
"Es una señal de los tiempos que vivimos, en los que las personas no pueden pagar sus créditos hipotecarios”, manifestó Keenan Strand de Northeast Phoenix Neighborhood Action Alliance y empresario del área.
El centro Macehualli se creó con el objetivo de sacar de las calles a los jornaleros, muchos de los cuales son inmigrantes indocumentados que viven en el vecindario Palomino. Fue parte de una iniciativa a nivel nacional para ofrecerles a los trabajadores y empleadores un lugar seguro dónde negociar los términos del trabajo.
Se construyó con 120 mil dólares que provinieron de los fondos de la ciudad; sin embargo, una nueva ley estatal prohíbe que la ciudad otorgue mayor financiamiento. Si bien su construcción fue posible gracias a los fondos de los contribuyentes, los costos operativos diarios los financian entidades privadas. Las agencias sin fines de lucro Chicanos Por La Causa, Friendly House, Valle del Sol y Tonatierra en un principio apoyaron económicamente a la organización, pero todas retiraron su respaldo con el paso del tiempo.
De acuerdo con un reporte emitido por la ciudad de Phoenix en 2004, el centro atrajo a trabajadores y empleadores, contribuyó con la disminución de la delincuencia y estimuló las ventas de los negocios ubicados en las inmediaciones. Sin embargo, el informe también señaló varios problemas, como su ubicación distante y su incapacidad para garantizar una fuente constante de financiación.
En el transcurso de los años, el centro casi cierra en varias ocasiones a medida que los respaldos financieros iban y venían. De la misma manera, se convirtió en un punto crítico en el debate de la inmigración indocumentada.
Los opositores de la inmigración indocumentada intentaron y fracasaron al buscar retirar de su cargo a la concejal Peggy Neely por el papel que desempeñó en el fomento del centro. También lo vigilaron de cerca. Se estacionaban en sus inmediaciones y apuntaban los números de las placas de los automóviles los siete días de la semana. En 2008, el sheriff Joe Arpaio llevó a cabo una redada en el área que casi provoca disturbios a las afueras del centro.
A pesar de todo, Reza continuó promoviendo su sueño de tener un centro de capacitación laboral en las instalaciones. Con el respaldo de Chicanos Por La Causa, Reza adquirió el terreno con la esperanza que el crédito hipotecario y los pagos tributarios fueran inferiores al alquiler. Pero a principios de año, la mencionada organización retiró su apoyo y dijo que también atravesaba problemas financieros.
Ahora, dice Reza, existe la posibilidad de un embargo. Dice que no puede hacer los pagos del crédito por 358 mil dólares que pidió para adquirir el terreno y que adeuda aproximadamente 250 mil.
Reza espera encontrar una solución antes de venderlo o encontrar a un comprador considerado que permita que el centro continúe funcionando. Santiago Romero es el agente encargado de vender la propiedad.
El precio que se pide por el terreno de dos acres es de 859 mil dólares. Romero dice que ha habido algunos interesados, pero ninguno serio.
Reza indicó que confió en la experiencia de Romero al fijar el precio de venta en base a las ventas comparativas del área.
"Esperemos que sea un asunto que aún no esté decidido", dijo Strand, dueño de un McDonald's en el área. Strand, quien colaboró con la creación del centro, dijo que si cierra, los dueños de negocios tendrán que reunirse con la policía y con los jornaleros “e idear un nuevo plan”.
"Hemos aprendido bastante en cinco años", expresó Strand.
Luz Sarmina, de Valle del Sol, una organización de servicio social que fue una de las primeras en financiar el centro Macehualli, lamentó su posible desaparición.
"La economía ha afectado su éxito drásticamente", dijo "así como la actitud de la comunidad, influenciada por el Sheriff Joe Arpaio, en cuanto a la inmigración indocumentada".
Sarmina dijo que el centro ofrecía un lugar seguro donde los trabajadores eran valorados y respetados. Dijo que los trabajadores que hacían uso de sus instalaciones probablemente regresarán a las calles.
"La necesidad de trabajar no desaparecerá", indicó Sarmina.