La Corte Suprema quiere revisar la ley anti-negocios

La Corte Suprema de los Estados Unidos señaló estar interesada en escuchar la apelación de grupos de negocios que desde hace dos años intentan revocar la controvertida ley de sanciones al empleador del estado de Arizona.

Dos tribunales de primera instancia han declarado procedente la ley de sanciones, que castiga a las compañías que contraten a inmigrantes indocumentados y exige que todos los empleadores de Arizona usen un sistema electrónico federal para verificar el estado laboral de sus empleados.

Sin embargo, una coalición conformada por grupos de negocios, defensores de los derechos de los inmigrantes y grupos que fomentan las libertades civiles sostiene que la ley de 2007 es inconstitucional porque viola la competencia del gobierno federal sobre las leyes migratorias y exige el uso del sistema de verificación electrónica del gobierno federal, conocido como E-Verify, a pesar de que éste es voluntario.

El lunes, la Corte Suprema le pidió al gobierno de Obama que sopese el asunto antes de decidir si asume o no el caso. El gobierno de Obama no es una parte en el caso. No obstante, este asunto se entrecruza con varios temas federales, particularmente E-Verify y la política federal sobre inmigración.

La solicitud de la Corte Suprema alienta a los opositores de la ley quienes dicen que ésta demuestra que la corte reconoce cómo la ley de sanciones, la cual ha sido imitada en otros estados, tiene repercusiones fuera de Arizona. Varios estados han creado proyectos de ley basándose en la ley de Arizona, mientras que los gobiernos locales y estatales intentan resolver el complicado asunto de la inmigración tras el fracaso en el Congreso.

“Al fin de cuentas, todavía creemos que la inmigración es un tema que debe tratarse a nivel federal”, dijo Glenn Hamer, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona. “Tenemos una serie de leyes locales y estatales que se superponen unas a otras; así que indudablemente vemos esta solicitud como una señal alentadora que la Corte Suprema considerará el caso y dejará en claro que la inmigración es un asunto federal”.

Julie Pace, un abogado de Phoenix que representa a la coalición de 10 grupos de negocios de Arizona, incluidos la Cámara de Arizona, la Asociación de Contratistas de Arizona y la Asociación de Jardineros de Arizona, dijo que la ley de sanciones afecta a todas compañías del país que realizan operaciones comerciales en Arizona. La coalición también incluye a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Por su parte, la subsecretaria de justicia de Arizona, Mary O'Grady, presentó un alegato en el que expone su oposición a que la Corte Suprema tome el caso e indica que “no toda disputa sobre una medida local o estatal con respecto a la inmigración indocumentada amerita la revisión de esta corte”.

Mediante la Ley de Control y Reforma de la Inmigración de 1986, el Congreso les concedió a los estados permiso para imponer sanciones por medio de licencias y leyes similares”, dice el alegato de O'Grady.

La ley de sanciones les permite al procurador general del estado y a los fiscales del condado entablar querellas civiles contra empleadores que sean sospechosos de contratar a trabajadores indocumentados. A quienes se les halle que contrataron “a sabiendas o a propósito” a trabajadores indocumentados se les suspenderá o revocará sus licencias comerciales. Desde hace casi dos años, desde que la ley entró en vigor (enero de 2008), no se ha entablado una sola demanda contra ningún empleador en ninguna parte del estado.

En la reunión a puerta cerrada del viernes de la semana pasada, cuyo resultado fue dado a conocer el lunes, los magistrados acordaron pedirle a la subsecretaria de justicia de Obama, Elena Kagan, que presente un alegato que exponga a grandes rasgos los puntos de vista del gobierno. Los magistrados lo revisarán antes de decidir si toman o no el caso.

Para el gobierno de Obama, el desafío legal plantea preguntas espinosas. Durante la campaña presidencial del año pasado, el candidato Barack Obama declaró que la proliferación de las leyes estatales sobre inmigración “pone énfasis en la necesidad de llevar a cabo una reforma migratoria integral para que los gobiernos locales no tengan que continuar haciendo justicia por sus propias manos”.