Policías de minorías expresan su preocupación ante la implementación de la SB1070

Phoenix, 2 sep (EFE).- Asociaciones de policías de grupos minoritarios expresaron hoy su preocupación por los efectos de la ley estatal SB1070 de Arizona en las comunidades y la posibilidad de que medidas similares sean adoptada por otros estados.

Héctor Hernández, presidente de la Asociación de Oficiales Hispano-Americanos (HAPCOA, por su sigla en inglés) dijo que como policías están obligados a hacer cumplir leyes federales, estatales y locales, pero enfatizó que no apoyan ninguna política que promueva la práctica de perfil racial o discriminación.

El pasado mes de julio, un juez federal en Arizona bloqueó temporalmente las secciones de la nueva ley que hubieran convertido en agentes de inmigración a policías locales, obligándolos a cuestionar el estatus migratorio de aquellas personas que "sospecharan" se encontraban de manera ilegal en los Estados Unidos.

Desde que la ley estatal SB1070 fue firmada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado mes de abril, más de una docena de estados en todo el país han expresado su interés por adoptar medidas similares.

"Nosotros nos oponemos a la ley SB1070, ya que creemos que requiere que los departamentos policiacos locales aplique leyes federales de inmigración, lo que consideramos una violación al espíritu de la ley", dijo Héctor Romo, representante de la Asociación Nacional de Oficiales de Paz Latinos (NLPOA, en inglés) hoy durante una conferencia de prensa vía telefónica.

A su juicio estas acciones ponen en peligro y la confianza que existe entre los departamentos policiacos y las comunidades que sirven.

Los representantes expresaron su preocupación por una sección de la ley estatal SB1070 que permite a los residentes de Arizona demandar a la policía si consideran que ésta no está aplicando las nuevas regulaciones y los hace vulnerables a acusaciones de prácticas de perfil racial.

Consideran que leyes como la SB1070 desvían el uso de recursos destinados a la lucha contra el crimen y separa a miembros de la comunidad que pueden ser víctimas de un crimen o testigos del mismo.

"La gente no tiene porque sentir temor de llamar a la policía", dijo Art Venegas, ex jefe del Departamento de Policía de Sacramento, en California. "Sólo los criminales deben de sentir este temor", enfatizó.

Desde que entró en vigor la ley estatal SB1070, el pasado 29 de julio, organizaciones que luchan a favor de los derechos de los inmigrantes en Arizona sostienen que la comunidad inmigrante en Arizona vive con el temor de ser detenidos por las autoridades.

Este miedo es mucho mayor dentro del condado Maricopa, que abarca la capital, Phoenix, donde el alguacil Joe Arpaio lleva a cabo constantemente operativos en contra del crimen que han culminado con el arresto y deportación de decenas de inmigrantes indocumentados.

Arpaio es la única autoridad en Arizona en realizar redadas en contra de negocios locales sospechosos de contratar inmigrantes indocumentados bajo la ley estatal de sanciones a empleadores.

Hoy, el Departamento de Justicia de EEUU entabló una demanda en contra de Arpaio por negarse a cooperar en una investigación en su contra por acusaciones de prácticas de perfil racial y violaciones a los derechos civiles.

Don Stapley, presidente de la Junta de Supervisores del condado Maricopa, expresó hoy su preocupación ante la demanda en contra del alguacil, ya que existe la posibilidad de que esta acción ponga en riesgo los 3,8 millones de dólares en fondos federales que recibe anualmente la oficina de Arpaio y los 113 millones que recibe el condado Maricopa, incluidos 50 millones para la salud.